Por: Carlos Burgueño - Antes de iniciar cualquier negociación -o, más bien, de sentarse nuevamente a la misma mesa de discusión-, los abogados que representan a la Argentina en el juicio contra los fondos buitre exigirán que el "special master", Daniel Pollack, presente el listado de los acreedores que se sumaron al reclamo contra el país. Pero además, Jonathan Blackman y Carmine Bocuzzi le pedirán al negociador oficial que nombró en su momento Thomas Griesa, que cada nuevo fondo buitre incorporado a la causa explique en qué momento y por qué montos compró la deuda que ahora se le reclama al país.

Según los abogados del estudio Cleary, Gotlieb,Steen & Hamilton (CGS&H), la Argentina tiene derecho a realizar este reclamo antes de reconocer la suma de la deuda que se le exige al país, y que según lo que ya les aclaró Pollack, supera los u$s 10.000 millones; tal como adelantó el viernes pasado este diario. En este monto se incorporan la suma nominal de bonos aún en default, más la actualización con las aplicaciones de los intereses que el propio Griesa les reconoció a los fondos NML Elliott, de Paul Singer; Olifant, Aurelius, ACP Master y a los 13 argentinos que reclamaron desde el origen del juicio, y que para junio de este año el juez les reconocía unos u$s 1.660 millones de un reclamo original a 2008 de menos de u$s 800 millones.

Lo que quiere la Argentina es tener en claro cuánto pide cada nuevo fondo buitre y cuánto fue lo que pagaron originalmente por los bonos que después cayeron en default en diciembre de 2001. Luego, el ministro de Economía Axel Kicillof quiere poner sobre la mesa de negociaciones cuánto recibirían porcentualmente de ganancias si finalmente el país les pagara lo que reclaman y Griesa les reconoce.

La Argentina, que no reconocerá nunca la totalidad de esta deuda, quiere mostrar al mundo, en medio de las negociaciones que pueden iniciarse en febrero, la rentabilidad fabulosa que los fondos buitre obtendrían si el país le hiciera caso a la decisión de Griesa. El caso más notorio sería el del fondo buitre NM Dart, de Kenneth Dart, que compró bonos a u$s 800 millones entre noviembre de 2001 y abril de 2002 (unos meses antes y unos meses después del default, por los que pagó en promedio unos u$s 450 millones). Dart se presentó ante Griesa, quien derivó su reclamo a Pollack, que aceptó la petición y, aunque la cifra no se hizo pública, actualizó su pedido y lo llevó a aproximadamente unos u$s 1.700 millones. La ganancia sería superior al 2.000%, una rentabilidad sólo comparable, o aún superior, a lo que otorgaría el narcotráfico, el tráfico de personas y la piratería; obviamente con un nivel muy inferior de riesgo.

Otro caso similar sería el del fondo Grantham Mayo Otterloo (GMO) que sumó su reclamo ante el tribunal de Thomas Griesa para recibir el mismo tratamiento financiero de indexación que sus colegas que vencieron en el "juicio del siglo" entre la Argentina y los holdouts. Este fondo compró bonos luego del canje de deuda de 2005, por unos u$s 250 millones, los que pagó u$s 120 millones.

Si el reclamo que le hicieron Dart y GMO a Griesa queda firme y el juez lo avala, sumando el resto de las presentaciones que se acumulan en el bufete de Pollack; el dinero que la Argentina debería negociar superaría ya los u$s 9.800 millones y, eventualmente, podría alcanzar los u$s 11.000 millones.