Por: Carlos Burgueño - El juicio de la Argentina contra los fondos buitre tendr

á esta semana el probable cierre de la batalla de 2014 en los tribunales de los Estados Unidos. Será cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York se ocupe nuevamente del caso, al dedicarse el miércoles 17 a revisar la presentación realizada por el Gobierno, apelando el fallo que había dictado el juez Thomas Griesa en noviembre pasado y que había declarado al país en "desacato". Probablemente con esta audiencia termine el año judicial, al menos en lo formal, y sólo restaría esperar a que el juez de Nueva York decida si llama a las partes a negociar este año o si espera a 2015, ya sin la vigencia de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO). Mientras tanto, ya hay cálculos privados que ubican la deuda que podría avalar el juez de Nueva York en más de 16.000 millones, sumando todos los acreedores potenciales (los que vencieron en el juicio y los que se fueron incorporando al listado autorizado por Griesa). Lo seguro es que el Gobierno argentino nunca reconocerá la totalidad de esta deuda, con lo que si los fondos buitre y los holdouts reclaman ese dinero, las potenciales negociaciones que podrían darse en enero próximo están destinadas al fracaso.

La audiencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Nueva York de pasado mañana es una respuesta al pedido de apelación presentado por los abogados que representan a la Argentina, Jonathan Blackman y Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), después del fallo de noviembre pasado dictado por Griesa, por el que declaró al país "en desacato". La decisión del magistrado fue una respuesta a la sanción de la Ley de Pago Soberano, una maniobra con la que el Gobierno buscó cambiar la sede de pago a los bonistas que ingresaron al canje para cumplir con los vencimientos, una maniobra que fue calificada como "ilegal" por Griesa. Como el juez ordenó al país pagar en Nueva York y la Argentina desobedeció ejerciendo sus "derechos soberanos", Griesa dictaminó que debían "revertirse enteramente las acciones que ha tomado". El juez no avanzó en eventuales sanciones contra el país y dejó el castigo en un "limbo" similar al destino de los u$s 539 millones que la Argentina había pagado en junio pasado por el vencimiento del Discount a través del Bank of New York Mellon (BoNY), liquidación que Griesa prohibió ejecutar y que derivó en la declaración de "default técnico" o "selectivo", según qué parte sea la que lo defina, aunque sin embargar los fondos.

Ahora, la Cámara de Apelaciones de Nueva York debe resolver la situación de "desacato" en la que Griesa colocó al país por haber avanzado en el pago de deuda con jurisdicción en los Estados Unidos en Buenos Aires en los títulos Par que vencieron en septiembre, operación que alcanzaba los u$s 184 millones.

Mientras la Cámara resuelve la legalidad o no del "desacato" argentino, el Special Master Daniel Pollack continúa en su bufete contabilizando acreedores que no fueron beneficiados por el "juicio del siglo" entre el país y los fondos buitre, pero que pueden reclamar el mismo dinero que los acreedores que sí se presentaron ante Griesa: NML Elliott, Aurelius, Olifant, ACP Master y unos 13 argentinos con nombre y apellido. Lo importante de este listado, más allá de los nombres y las características de los acreedores, es que el dinero que se podría reclamar por bonos argentinos en default llegaría a una cifra impensada en un primer momento. Según el cálculo que realizó la consultora Quantum y que presentó el viernes pasado en el seminario "Argentina después de la cláusula RUFO: ¿qué hacer con los holdouts?", organizado por la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para la Nueva Argentina (Fepesna), por el economista Fernando Baer, el reclamo llegaría a los u$s 16.668 millones. A este monto se llegaría sumando la deuda original de unos u$s 6.670 millones en títulos en default que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, más un cálculo de intereses por unos u$s 9.998 millones. A este último dinero se llega considerando los intereses más la demanda potencial derivada de las indexaciones que Griesa aplicó en el caso de fondo que realizaron los fondos buitre Elliott de Paul Singer y Aurelius de Mark Brodsky. Originalmente, y en particular, el reclamo de Singer era de unos u$s 428 millones en 2008, que luego fueron indexados por Griesa desde febrero de 2012, cuando comenzó a fallar a favor de los acreedores. En el cálcu-lo de los u$s 16.668 millones se suman además unos u$s 8.546 millones finales de parte de los "me too", el resto de los bonistas que no ingresaron a los canjes, que tienen bonos bajo jurisdicción de los Estados Unidos y que, según Griesa, tendrían los mismos derechos de Elliott y compañía. En este bando están, por ejemplo, Kenneth Dart y su fondo NM, el mayor acreedor de deuda en default de la Argentina, con tenencias originales por más de u$s 800 millones, que con el tiempo se transformaron (incluyendo las indexaciones de Griesa) en casi u$s 2.000 millones.