Por: Carlos Burgueño - Los abogados de los fondos buitre NML Elliott y Aurelius pidieron ayer a la Justicia de los Estados Unidos que se autorice la aplicación con el mayor alcance posible para la cláusula Discovery, de cuentas y dinero argentino en los Estados Unidos. Esto es, que puedan conocerse los depósitos y activos físicos no sólo del Gobierno argentino en bancos norteamericanos, sino además la publicación de los bienes diplomáticos y hasta cuentas de funcionarios, militares y exfuncionarios en el sistema financiero de ese país. Los abogados hicieron este planteo ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde los abogados que representan a ambas partes volvieron a encontrarse, en la última audiencia del año en los tribunales de los Estados Unidos, dentro del "juicio del siglo" del país contra los fondos buitre.

Según Matthew McGill, el abogado que habló ayer en representación de los fondos Elliott de Paul Singer y Aurelius de Mark Brodsky, la aplicación que la Justicia norteamericana debería tener frente a la implementación de la cláusula Discovery debería contar con la mayor extensión posible, ante la negativa de la Argentina de cumplir con el pago ordenado en primera instancia del juez Thomas Griesa. Esta cláusula había sido avalada en junio pasado por la Corte Suprema de los Estados Unidos al rechazar la apelación presentada por la Argentina para que se analice el caso de fondo en esa instancia. En ese fallo, la Corte además avaló el pedido de los fondos buitre de aplicar la Discovery, pero dictaminó que la intensidad de la medida debería ser una decisión reservada de Griesa e ir siendo regulada según las intenciones de pago del país. El juez de primera instancia aceptó en octubre el pedido de los abogados de los acreedores, que ante la situación del país de no cumplir con la orden de Griesa, avalaron la aplicación de la cláusula Discovery. Luego la Argentina apeló ante la Cámara y ayer las partes tuvieron su audiencia en esa instancia. Ahora se espera que ese tribunal resuelva la cuestión en los primeros meses de 2015.

Según explicó Jonathan Blackman, el abogado del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) que representa al país en este juicio, el reclamo de los fondos buitre avalado por Griesa, y que habilita la entrega de información sobre bienes del país en entidades bancarias existentes en el exterior, está "fuera" de los límites de las potestades del juez y no tendría "antecedentes jurídicos en los tribunales norteamericanos", ya que, hasta ahora, nunca un juicio en el que se apliquen embargos alcanzó "los bienes diplomáticos a nombre de un país", los que a su vez están "amparados por la Convención de Viena". La ley no permite este tipo de Discovery que el juez Thomas Griesa aprobó, dijo Blackman, en la audiencia de ayer.

Según el abogado Matthew McGill, la aplicación de la cláusula debería abarcar bienes diplomáticos, militares, de seguridad nacional y hasta "cuentas bancarias y personales de funcionarios del Gobierno". "Han pasado 15 meses desde la decisión del juez Griesa y seis meses desde la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y la Argentina no ha provisto aún información sobre la identidad o la ubicación de sus bienes", protestó McGill.

Todos estos bienes, tanto activos físicos como financieros, según planteó Blackman, están amparados por leyes de inmunidad diplomática o de secreto bancario, además de no tener relación directa "con el objeto del caso de fondo", esto es, el caso de los fondos buitre y los holdouts contra la Argentina. Para Blackman, las leyes norteamericanas muestran "límites claros", en la aplicación de la cláusula Discovery, lo que no habría sido tomado en cuenta por Griesa. La ley es igual "para todos" y es "desafortunado" que Griesa haya creado "estas excepciones", dijo Blackman. Luego, al ser consultado por uno de los tres jueces que presidieron el encuentro, el abogado de Cleary Gottlieb aclaró que la Argentina ya informó sobre sus "bienes comerciales".

Dos nuevos jueces de la segunda instancia de Nueva York fueron los protagonistas de la audiencia: Denis Jacobs y Ralph Winter. En ambos casos, la Argentina sigue sin tener suerte en los nombramientos de jueces, al menos por su procedencia. El primero fue nombrado en 2006 por George W. Bush; y el segundo, en 1981 por Ronald Reagan. En ambos casos, se trata de republicanos de tendencia conservadora. El tercer juez de la jornada de ayer es un viejo conocido para este juicio. Se trata de Barrington Parker, republicano y también nombrado por George W. Bush, quien ya había fallado en contra cuando el juicio de fondo pasó por esa instancia en 2013. Durante la audiencia, había sido particularmente agresivo en contra de la posición argentina.

La apelación presentada por la Argentina, y analizada ayer por la Corte del Segundo Circuito, responde a la decisión tomada por el juez Griesa en septiembre de 2013, en la que, accediendo al pedido de los fondos buitre, ordenó a una serie de bancos la producción de información sobre bienes del país, entre otra información.