La preocupación se extiende desde la gestión de Mercedes Marcó del Pont: con el ánimo de achicar el spread bancario y limitar las ganancias del sistema financiero, el Banco Central se esfuerza por frenar una ola de aumentos de comisiones que se da periódicamente en los productos y servicios, y que en el sector justifican por la constante presión inflacionaria y la mayor regulación oficial. En esta misma dirección, y en un año en el que los bancos volverán a mostrarse como una de las actividades más rentables de la economía, Alejandro Vanoli dispuso esta semana una traba adicional: las entidades financieras, cajas de crédito y las emisoras de tarjetas de crédito que quieran ajustar o imponer nuevos costos de cualquier tipo de servicio, sea básico o premium, podrán hacerlo sólo después de recibir la autorización del BCRA.

Hasta antes de esta normativa, las modificaciones por estos conceptos debían avisarse por carta 90 días antes de la implementación, pero quedaban sujetas a la aprobación oficial sólo cuando se tratara de aquellos considerados básicos. Esto es, el costo del mantenimiento de las cajas de ahorro, de las extracciones en cajeros automáticos, de la reposición de tarjetas de débito y de los servicios adicionales vinculados a cuentas de depósitos de la seguridad social. Ahora, la exigencia recaerá sobre todos los productos, incluso los premium.

En el Banco Central preocupa todavía que el andamiaje de normativas que crearon no haya alcanzado siquiera a diezmar los resultados de las entidades. Y que, contrariamente a lo que pretendían, la estricta regulación sólo haya contribuido a desalentar la expansión del crédito, que cayó del 40% al 20% anual, y a achicar aún más el tamaño de un sistema financiero que es desde hace tiempo uno de los más irrelevantes de la región.

Con la nueva medida, Vanoli avanza también sobre los aumentos que los bancos ya informaron a los clientes en estos días. Las entidades buscaban trasladar los incrementos de costos que percibieron en los últimos meses por los efectos de una inflación cercana al 40% anual, que afecta a todos sus insumos, y una suba de casi el 30% en los sueldos de los empleados bancarios por el cierre de paritarias y el pago del bonus de fin de año. La comunicación A 5685 rige a partir del miércoles pasado y dispone que aquellos ajustes de comisiones que ya hayan sido informados a los clientes deberán rectificarse e informarse con una nueva notificación en 10 días hábiles.

Por un mecanismo que dispuso Marcó del Pont, los bancos ya debían informar por carta al organismo cualquier corrección que decidieran hacer sobre sus cargos y comisiones, 30 días antes de comunicarla al público y 90 días antes de aplicarla. Pero sólo a partir de la gestión de Fábrega debieron empezar a esperar la venia oficial para darle curso a este ajuste cuando se tratara de servicios básicos. En concreto, el objetivo era entonces convalidar las subas en paquetes de productos o cuentas consideradas premium, y mantener planchadas las tarifas de cuentas básicas que no tienen servicios adicionales.

Los bancos ya lograron aumentar en un 30% los ingresos por comisiones en los primeros nueve meses de este año, y duplicar sus resultados (en gran parte por el efecto de la devaluación), en un contexto en el que se contrae el crédito. La regulación parece haber tenido hasta ahora más efecto sobre la actividad de los bancos -y, por ende, sobre su impacto en la economía- que sobre las ganancias del sector.