El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo ayer que los fondos buitre "no quieren negociar" con el país el conflicto por la deuda en default, a una semana de la caída de la cláusula RUFO de los bonos de deuda reestructurada, que impedía al país mejorar la oferta del canje.
En su cuenta de Twitter, el jefe del Palacio de Hacienda pasó la pelota hacia el otro bando, al afirmar que son los holdouts y no el Gobierno quienes no están dispuestos a negociar la sentencia que tienen a su favor por u$s 1.330 millones más intereses (u$s 1.700 millones).
"En una negociación hay dos partes. Los representantes de los buitres dejaron en claro en la oficina de (el mediador Daniel) Pollack que son intransigentes. No quieren negociar. Porque para llegar a un punto tiene que haber dos voluntades", escribió el ministro.
Kicillof ratificó que la postura oficial es entablar conversaciones con el 7% de los acreedores que no ingresaron a las dos ediciones anteriores del canje de deuda y no sólo con NML Capital, Aurelius y el resto de los fondos y acreedores particulares que cuentan con la sentencia del juez de Nueva York Thomas Griesa.
Al traspolar la sentencia de Griesa al resto del universo del 7%, el Gobierno estima que debe llegar a un acuerdo con un universo de u$s 23.000 millones. "Son una estimación de Argentina, porque Griesa no termina de decir cuánto es, cuántos son, qué reclaman y en qué condiciones", prosiguió el ministro. Como informó El Cronista días atrás, los fondos buitre presionaron a Griesa para sumar a su sentencia original juicios por u$s 4.400 millones adicionales. Pero los u$s 23.000 millones surgen de sumar los distintos reclamos que hay contra el país en tribunales variados.
Y cargó contra referentes de la oposición que presionan por alcanzar un acuerdo. "Si Argentina pagaba a los buitres lo que pedían, los 1.600 (millones de dólares) pasaban a ser 500.000 (millones)", dijo, ya que se hubiera disparado la cláusula RUFO que hubiera permitido a los bonistas que aceptaron el canje reclamar un pago similar al de la sentencia judicial. "Y sin embargo, ‘expertos’ y candidatos recomendaban hacerlo", agregó.