Por MARIANO GORODISCH - El gobierno de Brasil le reclama a la Argentina (más precisamente, al Banco Central) que destrabe la deuda que tiene con las autopartistas cariocas a cambio de financiar con u$s 1.500 millones la obra de soterramiento del tren Sarmiento.
Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, estima que la deuda con las empresas brasileñas es de u$s 2.000 millones por piezas que ya fueron entregadas, pero aún no fueron pagadas. Según sus cálculos, la deuda que el BCRA tiene con los importadores ronda los u$s 5.000 millones. La mitad corresponde a las automotrices y la mayoría de ellas son de Brasil. Por este motivo, a fin de noviembre había 9.500 unidades a la espera de piezas en las terminales de Córdoba, y a fin de diciembre el número de autos sin terminar aumentó a 12.000. Es que de cada coche que se fabrica, el 85% de los insumos son importados. Por eso, incluso, el atraso que se produjo con los vehículos del plan Procreauto y la gran demora que hubo y sigue habiendo en las entregas.
Una vez que salieron a la luz las suspensiones y despidos en el sector automotor a causa del freno a las importaciones, el gobierno dio un cupo de u$s 100 millones mensuales para nuevas importaciones de autopartes, que el secretario de Comercio, Augusto Costa, prometió que elevará a u$s 150 millones. Según trascendió, no aumentarán más la cifra, como reclaman las automotrices, porque se guardan unos millones para ir cancelando deuda, aunque lo harían a cuentagotas, para no sacrificar en gran medida las reservas del Banco Central.
Según indican, esa es una de las razones por las cuales a las armadurías de Tierra del Fuego le habían dado un cupo mensual mayor, de u$s 120 millones, que se lo elevaron a u$s 180 millones el mes pasado.
La deuda con el sector comenzó la última semana de enero del año pasado, cuando el ministro de Economía, Axel Kicillof, le pidió a los 90 importadores más importantes del país (quienes concentran el 85% de las operaciones) volver a los plazos de pago históricos del comercio exterior, que son 120 días, ya que hasta entonces se venía pagando a los 45 días. Luego del arreglo con YPF, Ciadi y Club de Paris, quedaba apenas un tema menor: los holdouts, por lo que se esperaba volver a tener financiamiento internacional. Mientras tanto, era una estrategia para que las reservas del BCRA no cayeran. Pero en junio, con el default a cuestas, todos los planes se derrumbaron como un mazo de cartas: los proveedores y casas matrices comenzaron a pedir pagos a 30 días y algunos hasta por anticipado, más los retroactivos que se les debía. "Esta situación fue agravándose en la industria electrónica, que en lugar de 100 modelos de celulares tenías 65, en lugar de 20 modelos de tablets tenías 14", advierte Ponce, ex Subsecretario de Industria.
Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores, recalca que la deuda que los economistas calculan en u$s 5.000 millones "está concentrada en automotrices, electrónica, algunos laboratorios químicos o farmacéuticos y otras empresas grandes, desde que en febrero pasado aceptaran el pedido del gobierno de diferir pagos al exterior por 90 o 120 días, a cuyo vencimiento ya no pudieron cancelar los totales acumulados. Así se siguió, tratando que los cupos mensuales de liquidaciones aceptables para el BCRA fueran incrementándose paulatinamente, permitiendo achicar el stock de deuda y no perjudicar los pagos en término de nuevas operaciones".