Esta semana se cumple un año de la devaluación del peso dispuesta por el gobierno de Cristina Kirchner que, en rigor, no sirvió para nada. El tipo de cambio real no mejoró sino que el péndulo volvió a los niveles de fines de 2013, ante la disparada de costos, precios y subsidios provocada en los primeros meses del año pasado por el abrupto salto de 23% del dólar oficial en enero. Y las exportaciones, lejos de repuntar, tuvieron una caída de 11% con lo cual el superávit comercial de 2014 (cercano a 7000 millones de dólares) resulta el más bajo de la era K.

Según el Estudio Broda, el tipo de cambio bilateral frente al dólar acumuló hasta diciembre una baja de 20% en términos reales (descontada la inflación verdadera, no el 23,9% Indec), con lo cual equivale al de junio de 2012, que se ubicaba en el mismo rango de hace trece años cuando estalló la convertibilidad. A su vez, el tipo de cambio real multilateral (frente a una canasta de monedas que también incluye al euro y al real brasileño), si bien era hace un año 79% más alto que en diciembre de 2001, cerró 2014 con un retroceso de 25%. Nada que ver con el "nivel de convergencia" exaltado por Axel Kicillof cuando anunció el ajuste que de un día para otro llevó al dólar oficial de 6,90 a 8 pesos para frenar la acelerada caída de reservas, que sólo se estabilizó con la posterior suba de las tasas de interés y la fuerte contracción monetaria que agudizaron entonces la incipiente recesión.

Aunque el ministro nunca se hizo cargo de la paternidad de esas medidas (que atribuyó al desplazado ex titular del Banco Central Juan Carlos Fábrega y a consabidas teorías conspirativas), sí pudo constatar que una devaluación aislada trae más problemas que soluciones si no forma parte de un plan económico que encarrile expectativas. Máxime cuando el gasto público creció nada menos que 44% en 2014 y el déficit fiscal se financia mayormente con emisión.

A tal punto que ahora su estrategia es exactamente la opuesta: devaluar lo menos posible (por debajo de la suba de precios) y extremar los controles cambiarios, para "estirar" las reservas hasta las elecciones y evitar presiones sobre el dólar y la inflación que debiliten aún más el consumo interno. Todo esto no impide, sin embargo, que la brecha con el dólar paralelo se mantenga cerca de 60%.

Para peor, hay poco viento a favor desde el cuadrante externo. La apreciación del dólar en el mundo y la caída de precios agrícolas afectan las exportaciones argentinas, al igual que la devaluación del real brasileño y otras monedas de la región. En su último informe mensual, el Estudio Bein descarta una "guerra de monedas" y sostiene, en cambio, que se trata de una estrategia defensiva de los países emergentes para ajustar las importaciones y evitar un mayor deterioro externo, que pueden atenuar además con el acceso al crédito internacional a tasas todavía bajas. No es, precisamente, el caso de la Argentina en default parcial.

En realidad, mientras se iba diluyendo la transitoria mejora cambiaria real de enero, el gobierno de CFK optó por refinar y negociar el racionamiento de importaciones a través de los permisos previos (DJAI) que Guillermo Moreno venía aplicando discrecionalmente tras el cepo cambiario, mientras el BCRA fue demorando pagos al exterior de las industrias más dependientes de insumos importados (automotriz y electrónica fueguina) y, por ende, de divisas. O sea, aquellos sectores cuya demanda interna había sido impulsada fuertemente hasta 2011 por las políticas oficiales. Las excepciones fueron las compras externas de gas y combustibles y últimamente de los nuevos trenes chinos, para evitar colapsos.

Con estas restricciones y la menor demanda interna por caída del salario real, no sólo contrajo la producción. También la escasez de productos, insumos y repuestos hizo que quienes pudieron importarlos -por derecha o izquierda (hay empresas que ofrecen por mail entregas puerta a puerta desde Miami)- subieran discrecionalmente los precios internos según la urgencia de sus clientes. Otro tanto ocurre con el techo de precios para los sustitutos locales, que suelen igualar o superar a similares importados.

Las fallas en esta política de "comercio exterior administrado" dieron lugar al inédito desabastecimiento de tampones, que afectó a unos 10 millones de consumidoras y se transformó en una cuestión de Estado. No tanto porque el secretario de Comercio, Augusto Costa, lo atribuyó insólitamente a "una corrida provocada por operaciones mediáticas", sino porque los dos principales directivos de la Cámara de Importadores (CIRA) fueron convocados por el jefe de Gabinete, ante quien relativizaron trabas en esas compras desde Brasil y avalaron una desmentida del presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, sobre atrasos en los pagos totales de importaciones por más de 5000 millones de dólares. Esta situación derivó en la renuncia del gerente de RR.II. de la CIRA, Miguel Ponce, el dirigente de alto perfil que había formulado ambas denuncias y las ratificó después de alejarse de la entidad, a la que el Gobierno prometió ahora mayor participación y flexibilidad en la tramitación de DJAI.

A pesar de la desmentida de Vanoli, fuentes empresarias admiten en privado que sólo en dos sectores se aproxima a los 4000 millones de dólares la deuda comercial acumulada por el freno del BCRA a los pagos de importaciones concretadas en 2014: unos 3000 millones en la cadena automotriz y unos 900 millones en la industria electrónica fueguina. Esta suerte de refinanciación compulsiva, a su vez, frena el envío de insumos y piezas por parte de proveedores externos.

Una prueba implícita de esos atrasos es que el Gobierno acaba de subir de 180 a 235 millones el cupo mensual de pagos para insumos de los equipos que se ensamblan en Tierra del Fuego, después de que en diciembre lo elevara de 150 a 180 millones. La situación previa provocó que en el mercado comenzaran a escasear principalmente smartphones de última tecnología. Aun así, las fábricas del sector creen que sólo marginalmente podrían reducir la deuda con sus proveedores en 2015.

Tanto o más complejo es el caso de la industria automotriz. El economista Dante Sica, director de la consultora Abeceb, sostiene que la devaluación del real en Brasil junto con el deterioro cambiario en la Argentina tornan menos competitivas las exportaciones al alicaído mercado del país vecino, que absorbe 85% de las ventas externas. Y que los atrasos en los pagos de componentes y modelos brasileños afectan la oferta de unidades en el mercado interno. Por lo pronto, el plan Procreauto II finalizó hace una semana (si bien hay plazo hasta marzo para cerrar operaciones con créditos otorgados) y aún no hay indicios de una renovación. Sica supone que podría ser relanzado en marzo o abril con menos modelos o bien con suministros asegurados para los ya incluidos.