La Cámara de Exportadores (CERA) se sumó ayer a las duras críticas lanzadas por la Unión Industrial contra el convenio marco de cooperación que el Gobierno suscribió con China y advirtió sobre el impacto que las condiciones establecidas en ese acuerdo tendrán sobre el empleo y el desarrollo de la industria local.
La preocupación de la CERA fue expresada por su titular, Enrique Mantilla, quien reclamó a la comisión de Relación Exteriores de la Cámara de Diputados (que debe aprobar el convenio que ya tiene media sanción del Senado) la convocatoria a una audiencia pública destinada a analizar los efectos del polémico acuerdo. "Este Convenio Marco constituye un evento estructurante y, de aprobarse, tendrá fuerte impacto en materia de empleo y desarrollo industrial, como así en la integración productiva del Mercosur", planteó la entidad a través de un comunicado de prensa.
Los cuestionamientos de la UIA y los exportadores al convenio generaron ayer la réplica de la presidenta Cristina Fernández, que desde Beijing consideró que "sólo alguien con intencionalidad política o desconocimiento puede pensar que el Gobierno sería capaz de resignar" la participación del empresariado nacional. "Quédense tranquilos, seguimos defendiendo el trabajo argentino y la participación del empresariado", afirmó la mandataria al hablar ante los participantes de la ronda de negocios.
La UIA advirtió en las últimas horas que "falta información" sobre los acuerdos que firmó el Ejecutivo con China, al tiempo que criticó que esos documentos excluyen a empresas y obreros argentinos en las obras de infraestructura que se pudieran encarar en el país. Puntualmente, la entidad fabril –a la que ayer se sumó la Cámara de Exportadores– criticó los articulados del convenio marco que habilitan "la posibilidad de adjudicación directa de proyectos de infraestructura con horizonte a cinco años, a cambio de financiamiento de origen chino".
A esas quejas, la CERA agregó ayer que también se debe atender, entre otros temas, que "el Convenio planteara una asimetría respecto de las inversiones argentinas en China, ya que no toma en cuenta los filtros institucionales de ese país, como la National Development Reform Commission, el Ministerio de Comercio, Sinojure, SAFE, EIBC, Sasac, las listas positivas y la fuerte intervención del sector público en la evaluación y reglamentación de la inversión extranjera", remarcó la entidad.
Asimismo, el comunicado firmado por Mantilla aludió a "incompatibilidades legales" al advertir que "el artículo 5 del convenio presentará algunas tensiones con la Ley de Contratación Pública y las exigencias de licitación, y con dos tratados anticorrupción firmados por la Argentina (Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención de las Naciones Unidas) que recomiendan licitaciones transparentes".
Por ello, la entidad reclamó a la Cámara baja la convocatoria a una audiencia pública destinada a evaluar y "ampliar la comprensión sobre el alcance y significado del proyecto de ley" que ratifica el convenio y que ya cuenta con la aprobación del Senado.
La polémica iniciativa también es cuestionada por la Confede ración de Gremios Industriales, cercana al kirchnerismo, quien advirtió de los efectos del acuerdo con China sobre la mano de obra local.