Por Paloma Bigio - El Gobierno reglamentó ayer un paquete de normas fuertemente resistidas por los empresarios y designó a la Secretaría de Comercio autoridad de aplicación de la ley de abastecimiento. El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, tuvieron el gesto político de presentar el tema en una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda en la que no hicieron más que ratificar que la Secretaría de Comercio es la que manda desde ahora.

El decreto con la reglamentación del Sistema de Monitoreo de Abastecimiento de Bienes e Insumos fue publicado ayer en el Boletín Oficial y se conoció en momentos en que Gobierno y el sector empresario mantienen una tensa relación por los acuerdos del país con China, además de la inflación, la recesión y otros conflictos económicos y políticos.

Según fuentes empresariales, con el decreto "reforzaron el temor a una posible aplicación de la ley", la cual fue sancionada en septiembre del año pasado y llevada a la Justicia en diciembre por parte del Grupo de los Seis, que considera que en la ley hay varios artículos que limitan la libertad de empresa y de comercio y violan garantías constitucionales. Según expresaron a la nacion, son todos artículos "muy peligrosos en términos de libertad económica".

La demanda promovida por los empresarios de la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos Privados Argentinos, la Cámara de la Construcción y la Sociedad Rural Argentina se presentó en diciembre y actualmente está en transcurso "normal", según fuentes judiciales. El paso siguiente es determinar cuál es el fuero competente y una vez resuelta esta cuestión el juicio seguirá su trámite.

Los empresarios que promovieron la demanda explicaron que pretende la declaración de inconstitucionalidad de distintos aspectos de la ley de abastecimiento que le permiten al secretario de Comercio establecer o "gobernar" -para cualquier etapa del proceso económico- márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas. Además, lo habilita a dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción de bienes y servicios.

A su vez, se plantea la inconstitucionalidad de una serie de figuras penales indeterminadas, como la elevación "artificial" de precios, la obtención de ganancias "abusivas" o la de crear "artificialmente" etapas en la distribución y comercialización de bienes o servicios.

A pesar de las fuertes resistencias por parte de los empresarios, el Gobierno siguió adelante con la nueva ley de defensa del consumidor y también creó un Registro Nacional de Infracciones (a esa norma) y un Observatorio de Precios.

El jefe del Palacio de Hacienda hizo una fuerte defensa del paquete de leyes dentro de las de abastecimiento y consideró que las empresas dominantes en el mercado logran márgenes "escandalosos" de ganancias. A su vez, señaló que "las relaciones en las cadenas de valor no son democráticas, ya que son relaciones de mercado".

Video sobre tampones

También se habló del fantasma del desabastecimiento: Costa aprovechó la proximidad del Día de San Valentín para "permitirnos ponernos un poquito románticos" y mostrar un video de un comercial de una marca de tampones canadiense que hace un tiempo sufrió un episodio de desabastecimiento. Con el videoclip de una balada, la firma pidió perdón a las mujeres y les ofreció un descuento en su próxima compra. "Miren cómo la empresa reconoció que fue problema de ellos. En cambio, acá se culpó al Gobierno", fustigó, en referencia al episodio de enero, en el que en pleno verano hubo una suerte de "corrida del tampón" con faltante del producto en las góndolas. Agregó también que no va a "permitir que se culpe al Gobierno del desabastecimiento de un mercado" y que "los medios intensificaron la falta del producto".