Por Silvia Pisani - Los tribunales de Nevada vuelven a ocuparse de la llamada "ruta del dinero K", por la que se investiga la supuesta existencia de bienes habidos con dinero de corrupción por parte de allegados a la presidenta Cristina Kirchner.

Para eso convocaron a nueva audiencia para dentro de tres semanas para determinar la probable difusión de datos que, hasta ahora, se mantienen en reserva.

Según confirmó LA NACION, la cita será el próximo lunes 9 en el tribunal que preside el juez Cam Ferenbach. El mismo magistrado determinó como fecha tope el jueves 5 de marzo para que las partes involucradas presenten los últimos alegatos antes de volver a verse las caras.

Lo que está en juego es una demanda del periodista Jorge Lanata para que se revele "toda" la información que ahora protege y mantiene bajo reserva la declaración de una testigo clave, de nombre Patricia Amunategui.

Los fondos buitre, que promovieron el expediente original, sostienen que de la declaración de esa testigo podrían surgir datos clave sobre la formación de un conglomerado de 123 empresas fantasma que, sostienen, habrían usado allegados de la presidenta Cristina Kirchner para adquirir bienes con dinero supuestamente proveniente de corrupción.

Por la pronto, ya se sabe que la pista que se investiga refiere a "fraudes de escala internacional" con participación de personas "investigadas por la justicia" argentina, según surge de los documentos existentes en la Corte. Se trata del expediente en el que los fondos buitre investigan la supuesta existencia de dinero de corrupción girado desde la Argentina con operaciones en las que involucran a empresarios cercanos al poder. Entre ellos, Lázaro Báez y Cristóbal López.

El expediente también busca pistas sobre actividades de familiares de la Presidenta, como su hijo, Máximo. Hasta ahora nadie, con excepción de algunos abogados y del juez Ferenbach, pudo ver toda la información. Está protegida por una suerte de secreto de sumario que Lanata y su abogado, Marc Randazza, piden levantar.

"Los ciudadanos de la Argentina tienen derecho a conocer la información que hay allí", dijeron ambos en un escrito presentado semanas atrás..