Por Silvia Pisani - WASHINGTON.- La Argentina se encuentra desde ayer formalmente en desacato ante la justicia norteamericana por ignorar el fallo que emitió el juez Thomas Griesa para el pago de más de 1300 millones de dólares a los llamados "fondos buitre".

La inédita situación, cuyo alcance y significado no están claros y anoche abrían todo tipo de conjeturas, se produjo luego de que el gobierno de Cristina Kirchner optó por no presentar en tiempo y forma la apelación que originalmente había pedido. Según afirmó ayer la Corte de Apelaciones de Nueva York en un comunicado, el plazo se extinguió sin que los abogados del país hicieran acto de presencia. De todos modos, en el Ministerio de Economía lo niegan: afirman que el plazo para apelar vence pasado mañana.

La amenaza estaba latente desde septiembre pasado, en que Griesa dispuso por primera vez la figura. En su momento, el Gobierno sostuvo que no tiene "ningún sentido operativo", pero la usó para cargar contra el gobierno de Barack Obama. "Lo hago responsable por lo que pueda pasarle a la Argentina", afirmó entonces el canciller Héctor Timerman. "Como Estado, el país es responsable de las acciones de cualquiera de sus órganos. En este caso, de su Poder Judicial", abundó.

Juristas que en esta ciudad vienen siguiendo el caso no pudieron precisar efectos concretos. "Puede haber problemas de visado para funcionarios involucrados con la negociación de la deuda", arriesgó uno de ellos. Sí hubo coincidencia en que no se trata de un paso recomendable.

"La figura del desacato es grave en la jurisprudencia norteamericana. Para un individuo puede significar presiones y castigos importantes. Es más difícil determinar cómo puede aplicarse eso a un Estado soberano", se explicó a LA NACION. Para otros, como el abogado argentino Eugenio Bruno, "una de las cuestiones por considerar será saber hasta dónde quiere llegar el gobierno norteamericano" en el caso de que se le pidan sanciones contra la Argentina.

"Tal como se la conoce, la figura del desacato podía ser abstracta para un Estado soberano. Salvo que el juez la comunique al gobierno y pida intervención", añadió. La decisión quedó firme con un comunicado de apenas un párrafo que produjo la Corte de Apelaciones de Nueva York, a la que había recurrido nuestro país para intentar revertir la decisión de Griesa.

"Si los abogados de la Argentina no se presentan antes de la fecha máxima del 17 de febrero, la orden del juez quedará ratificada", sostuvo el texto, firmado por la responsable de su mesa de entradas, Catherine O'Hagan Wolfe.

El plazo caducó sin que los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representan al país, presentaran documento alguno. "Si no comparecieron fue por decisión de su cliente", dijeron fuentes judiciales. En el Ministerio de Economía, que en el pasado calificaron al desacato de Griesa como "una medida desesperada de un juez que no sabe qué hacer", no coinciden: afirman que tienen hasta pasado mañana para apelar.

Con la ratificación del tribunal revisor, la medida quedaría firme y sin más instancias jurídicas. Sí queda la salida política, que es la que viene proponiendo Griesa con una negociación fuera del tribunal. Por pura casualidad, el nuevo giro se produce al cumplirse dos años de otra situación inédita para la Argentina. En febrero de 2013, el Fondo Monetario Internacional (FMI) la sancionó con una declaración de censura por la mala calidad de sus estadísticas.

La cuerda, cada vez más tensa

• Según informó ayer la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el país acaba de entrar en desacato por ignorar el fallo de Griesa y porque venció el plazo para apelar
• El Ministerio de Economía, en cambio, afirma que todavía queda plazo hasta pasado mañana para presentar la apelación
• Una situación de desacato podría desencadenar sanciones del gobierno de EE.UU.