Por medio de los decretos 441 y 442, publicados ayer en el Boletín Oficial, decidió que la cartera de Axel Kicillof maneje ahora dos áreas que reportaban a Florencio Randazzo: la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP).

La Subsecretaría controla lo vinculado al transporte fluvial y marítimo, tarea que hoy se limita a la asignación de permisos para chartear buques, es decir, excepciones a la ley de cabotaje: como la marina mercante se extinguió, las empresas argentinas que quedan en pie son autorizadas a "alquilar" buques de bandera extranjera. También es la que firma permisos para operar puertos privados y espejos de agua.

En tanto, la AGP supervisa las concesiones firmadas en los 90 para la operación con contenedores en el puerto de Buenos Aires: todas en manos de multinacionales.

Estas áreas son las que se van del control de Randazzo, para funcionar ahora bajo el ala de la Secretaría de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad, dentro de Economía.

Especulaciones

Los cambios despertaron múltiples lecturas. Funcionarios, empresarios y referentes gremiales del sector se enteraron sólo ayer y, consultados por LA NACION, dijeron en reserva que no habían participado de la decisión, de la que además desconocían los motivos.

La hipótesis política -más que la argumentación de eficiencia "administrativa" ensayada en los considerandos de los decretos- fue la más sostenida entre los consultados. De hecho, el consenso imperante es que se buscó aliviar la carga de Randazzo -en campaña como presidenciable por el Frente para la Victoria- y no sacarle poder.

En rigor, Randazzo nunca pudo o quiso interiorizarse por el universo de los puertos y del transporte por agua, ambos sectores con gremios muy fuertes y potencialmente conflictivos. No hay ninguna empresa argentina que realice transporte marítimo internacional, de contenedores o de graneles (sólidos o líquidos). Y en el ámbito fluvial -la hidrovía Paraná-Paraguay- más del 95% de las embarcaciones tienen bandera paraguaya o boliviana. El cabotaje, reservado a empresas locales, se limita al transporte de hidrocarburos.

En materia de puertos, sólo hay uno bajo jurisdicción federal: el de Buenos Aires. El resto fue delegado a las provincias. Y la gran mayoría de los puertos de granos y líquidos del país pertenece a empresas privadas, muchas de ellas, multinacionales con permisos provisorios que deben renovar regularmente.

"Randazzo pidió sacarse de encima el tema. No lo soportaba más a Tettamanti [Horacio, subsecretario de Puertos y Vías Navegables], que es una fuente inagotable de conflictos", confió un operador muy cercano a los funcionarios del área. El "flaco" no tenía diálogo con Tettamanti, dueño de astilleros en Campana y Mar del Plata y predicador de la nacionalización compulsiva, cuya principal "medida" fue prohibir el transbordo de exportaciones argentinas en Uruguay, quitándole al puerto de Montevideo el 50 por ciento de su facturación.

Randazzo se saca un peso de encima. En tanto, el transporte por agua y los puertos, eslabones excluyentes del 90% del comercio exterior argentino, se resignan a seguir relegados y a competir por un espacio en la ajustada agenda de Kicillof.