Para ambos países, tener clientes que no están "ordenados" supone una complicación. En el caso de Suiza, porque necesita tener vigente la máxima cantidad de acuerdos para evitar la doble imposición de impuestos (conocidos como CDIs) con todos los países del mundo; no puede darse el lujo que le vuelva a pasar, como lo hizo Argentina en el 2012, que le denuncien y hagan caer los acuerdos por ser acusados de dar refugio a dinero no declarado. "Hoy el negocio de Suiza se basa en tratar de que las empresas multinacionales radiquen sus casas matrices en su territorio; y una de las condiciones para que ello suceda es que el país tenga firmados la mayor cantidad de CDIs posibles", explica Mariano Sardáns, CEO de FDI.

Esto le aporta ingresos a su economía que representan más del 90% de su PBI. Por otro lado, según cálculos de expertos, el dinero no declarado le estaría generando ingresos a la economía que representan mucho menos del 1% del PBI. Ergo, no vale la pena correr el riesgo de perder tanto por tan poco. Entonces, a medida que los bancos suizos van ganando market share con clientes tax-compliance asiáticos y europeos, van "limpiando" sus carteras sin pérdidas, al ir invitando a que se vayan aquellos que están "flojos de papeles" desde el punto de vista impositivo.

En el caso de Uruguay, el tema pasa por la presión que viene ejerciendo la OCDE y el GAFI para que siga intercambiando información con sus dos principales socios comerciales: Brasil y Argentina. El riesgo de estar en "lista gris" es algo que Uruguay no quiere ni necesita. "Esto le da la oportunidad a Uruguay para ir recibiendo inversiones ‘tax compliance‘, que son las que permanecerán por el largo plazo, más allá del 2017, que es cuando todos los países del mundo empiecen a intercambiar información fiscal en forma automática", detalla Sardáns.
"Las reglas de prevención de lavado de dinero obligan a los bancos a identificar y conocer los fondos que manejan de sus clientes. En este sentido, una de los aspectos que está instaurándose para justificar los depósitos es exigir las declaraciones juradas impositivas", señala José María Salinas, director de la Fundación Argentina para el Estudio y el Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Fapla).

"Es algo básico para combatir el lavado de activos provenientes de fraudes fiscales. La intensificación de la adopción de los parámetros del GAFI en la lucha contra la criminalidad económica a nivel global debiera traer como consecuencia que todos los países miembros no reciban fondos provenientes de fraudes fiscales", advierte Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). A su juicio, hay que avanzar para repatriar ese flujo de dinero ilícito con cautelares en el marco del proceso penal, reclamos como el que hizo Ricardo Echegaray a los bancos, y promoción de ley de exteriorización de divisa.