Por Florencia Donovan - El encono del Gobierno con el Citibank se amplió ahora más allá de un par de medidas administrativas. El Ministerio de Economía demandó ante la justicia local a la sucursal del banco norteamericano para declarar la inconstitucionalidad y nulidad del acuerdo que la entidad firmó en Nueva York con los fondos buitre. Además pidió una medida cautelar en el fuero contencioso administrativo federal para que se suspenda inmediatamente lo pactado "y todo acto jurídico que emane o haya emanado de él".

"Estamos pidiendo una medida cautelar para que se suspenda, necesitamos que la Justicia actúe de manera expedita", ya que el acuerdo podría generar perjuicios a los clientes, dijo ayer Axel Kicillof en conferencia de prensa.

Según el ministro de Economía, el acuerdo por el que el banco logró que el juez de Nueva York Thomas Griesa lo habilitara a transferir los pagos de marzo y mayo de bonos argentinos en moneda extranjera, y que implicó que el banco se comprometiera a abandonar su negocio de custodia de títulos en el país, "vulnera el orden público argentino porque viola e interfiere la regulación de nuestra deuda pública".

El banco, no obstante, aclaró ayer que habían informado tanto a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como a la justicia neoyorquina que tenían previsto salir del negocio de custodia aun antes de que se conociera la decisión de Griesa. "Si bien Citibank Argentina lamentó no poder seguir brindando sus servicios de custodia, la decisión fue tomada voluntariamente a partir de los conflictos legales y jurisdiccionales de carácter insostenible que surgieron a partir de la decisión del 12 de marzo de la Corte de Distrito (que bloqueó los pagos que debía hacer el banco) y como consecuencia del deseo de Citi de dar cumplimiento en todo momento a toda la legislación aplicable", señaló la entidad en un comunicado.

Y recordó su desacuerdo con la decisión original del juez Griesa de congelar el pago de los bonos argentinos: "Esta decisión...fue adoptada sólo después de que la Corte de Distrito rechazara tanto los argumentos legales de Citibank NA en su decisión del 12 de marzo (con respecto a la cual Citibank NA expresó su desacuerdo) como el requerimiento de una medida cautelar".

Respecto de las posibles acciones judiciales que pueda tomar el Gobierno, "Citi reitera que en todo momento ha actuado de acuerdo con la legislación vigente y que continuará colaborando con la autoridad regulatoria, como lo ha hecho consistentemente a lo largo de más de 100 años", agregó el comunicado.

Varios abogados consultados por LA NACION coincidieron en que la embestida judicial iniciada ayer por el Gobierno tiene fundamentos endebles. "La nulidad del acuerdo difícilmente la puede pedir el Estado porque es un acuerdo del que no es parte. Muy indirectamente puede argumentar que vela por el interés de los clientes, pero de todas formas es jurídicamente cuestionable", opinó Bernardo Saravia Frías, socio de Saravia Frías Abogados.

"No se entiende la medida, salvo desde la política -dijo otro abogado, con gran experiencia en el sector-. De hecho, es contradictorio con la resolución de la CNV, que le sacó el negocio de custodia al Citi y se lo dio a Caja de Valores. Si sustituyó al Citi, ¿ahora para qué quieren la cautelar?", cuestionó.

La situación del banco, no obstante, pareciera por demás compleja. Primero, el 27 de marzo pasado la CNV lo suspendió para operar en el mercado de capitales, y cinco días más tarde el Banco Central removió al presidente de la entidad, Gabriel Ribisich. Por su parte, la American Task Force Argentina (ATFA) afirmó que el "ataque" al Citi "muestra al mundo que la Argentina no es un lugar amigable para inversiones"..