Por Pablo Fernández Blanco - En las vísperas del tercer aniversario de la estatización de YPF -será en seis días-, una mezcla hecha por el oportunismo de un estudio de abogados y las desprolijidades con las que el Gobierno avanzó en la recuperación de la empresa le dio a la presidenta Cristina Kirchner una pésima noticia. Burford Capital Limited, una especie de megabufete con activos por más de US$ 500 millones y fama de ganar cada juicio que plantea, presentó ayer en la Corte de Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF.

Los demandantes aún no le pusieron una cifra a su reclamo porque esperan antes "medir los daños" que provocó la estatización, pero especialistas en litigios descuentan que se tratará de una suma millonaria.

Burford eligió un camino incómodo para el Gobierno y para la familia Eskenazi, que en 2008 desembarcó en YPF con la bendición del ex presidente Néstor Kirchner. Le compraron a la justicia española la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi crearon en ese país, junto a otra bajo las leyes australianas, para esquivar el riesgo jurídico argentino y que los bancos y la propia Repsol, la anterior controlante de YPF, le prestara fondos para comprar 25% de la petrolera.

En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York. En ese momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura no sólo en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), sino también en su viejo estatuto.

En las semanas previas a la estatización, el por aquel entonces viceministro de Economía Axel Kicillof notó el detalle y estudió alternativas para contemplarlo. Fue un trabajo inconducente. Según los cálculos del Gobierno, aceptar esas condiciones hubiese implicado para la Argentina un desembolso enorme por toda la empresa, cuando el Gobierno sólo quería una porción de control. Kicillof lo expresó en una presentación ante el Senado. "Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!" Son algunas de las palabras que eligieron los demandantes para justificar que el país no cumplió con las leyes.

La estatización golpeó a nivel personal a los Eskenazi. Sin embargo, se mantuvieron ajenos a la exposición pública, quizá con la intención de proteger el resto de sus negocios. Ayer, debieron salir nuevamente al ruedo a través de un comunicado en el que deslindaron responsabilidades respecto de la demanda. "Con posterioridad a la toma de control de YPF por parte del Estado, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora procedieron a desprenderse de la totalidad de las acciones que mantenían de dicha compañía en garantía de los préstamos recibidos para su adquisición, razón por la cual desde ese momento no poseen ninguna tenencia accionaria en YPF. Por lo tanto, el Grupo Petersen aclara que está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior".

De todas maneras, Burford cimenta toda su demanda, de 30 carillas, en los daños que fueron provocados a ambas empresas de la familia local..