Por: Carlos Burgueño - El Thomas Griesa más furioso de los últimos tiempos contra la Argentina ordenó a varios bancos internacionales a que le informen oficialmente si tuvieron que ver o no con la colocación del Bonar 24 como agentes colocadores o, incluso, si adquirieron estos títulos. Tal es el enojo del juez que ahora quiere sancionar a los que compraron los bonos, especialmente al Deutsche Bank y al BBVA, entidades que, según los datos que le habrían llegado a Griesa, adquirieron gran parte de las colocaciones. En la mira están, además, algunas empresas multinacionales de seguros y algunas mutuales norteamericanas que también habrían participado de la operación. El juez quiere que desde Buenos Aires, tanto el Gobierno argentino les envíe los datos a los compradores, así como que esas entidades aclaren si operaron como colocadores o si adquirieron esos bonos. Si Griesa finalmente avanzara con sanciones a los que compraron la deuda emitida el martes, el "juicio del siglo" entraría en una nueva etapa: la de sancionar a los que adquieren deuda soberana argentina emitida bajo jurisdicción local. Para los especialistas legales que asesoran al Gobierno de Cristina de Kirchner, Griesa entraría así en una especie de "disparate jurídico" y en un intento de violación de la soberanía argentina.

El juez de Nueva York llamó ayer a una audiencia en su despacho a los representantes legales de la Argentina y de los querellantes del "juicio del siglo", los fondos buitre, para averiguar personalmente sobre la operación de la deuda y para insistir en que, según su consideración, es "absolutamente ilegal". Sin embargo, y vía telefónica, desde el Ministerio de Economía de Axel Kicillof se le afirmó al juez que la colocación se realizó bajo jurisdicción de la Argentina y sin la intervención de ningún banco privado "ni como consejero", con lo cual Griesa no tendría nada para embargar.

Griesa ayer manifestó toda su ira ante la colocación de los u$s 1.415 millones del Bonar, y prometió venganzas jurídicas varias ante el avance de la operación, considerada desde noviembre del año pasado como ilegal por parte del juez, ya que, según su visión de la realidad, cualquier deuda voluntaria colocada por la Argentina debe realizarse en los Estados Unidos y someterse a la aplicación de la cláusula "pari passu". Esto es, a eventuales embargos. Lo mismo sucede, siempre según su visión, con las colocaciones realizadas fuera de EE.UU., incluyendo Buenos Aires, criterio con el cual avanza hasta a sancionar a los bancos privados internacionales que participen de las colocaciones que realice el país, incluyendo la del martes pasado. Sin embargo, según la visión de los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), al no existir operador privado, no hay nadie para sancionar, más allá de la Argentina, múltiplemente castigada ya por el juez. "Qué le hace una mancha más al tigre", reflexionaban desde Buenos Aires ante esta situación.

Desde Buenos Aires se afirmaba que la única alternativa es que el juicio de Nueva York se traslade a Buenos Aires y que alguno de los fondos buitre o el resto de los holdouts, alguno de ellos argentinos, haga una presentación judicial en el país y le reclame a un magistrado local que avance con embargos sobre los pagos del Bonar 24. Para Economía, se trataría de un imposible y de una intromisión jurídica inaceptable para la jurisdicción local, y que sólo la eventual existencia de un juez "enemigo" podría avalar semejante presentación. Sería un capítulo más de la guerra política que parte de la Justicia local mantiene con el kirchnerismo.

Ayer Griesa les otorgó formalmente a los fondos buitre el derecho a conocer los alcances de la colocación del Bonar 24, asegurando que la colocación es ilegal. La representación de la furia ante la decisión de la Argentina de emitir deuda llegó hasta los fondos buitre, que, más allá de las decisiones de Griesa, también avanzaron en amenazas múltiples y cruzadas. El vocero en este caso fue el fondo buitre Aurelius, el segundo en importancia en el juicio original ante el tribunal de Griesa, que ayer emitió una "nota pública" a la que tuvo acceso en exclusiva este diario en la que comunica a todos los que "hayan participado" en la colocación de Bonar 24 y "todas las futuras operaciones similares", que éstas son ilegales y que tanto los eventuales participantes activos en la operación como los "compradores" están alcanzados por el fallo original de Griesa con la aplicación de la cláusula de "pari passu".