Todo comenzó en diciembre de 1994, cuando la provincia de Santa Cruz, gobernada por Néstor Kirchner, y el Ejecutivo nacional, a cargo de Carlos Menem, firmaron un convenio de adhesión para que se instalara una zona franca en la zona de Río Gallegos y Caleta Olivia. La ley 24.331, de junio de ese año, estableció la posibilidad de crear al menos una zona franca por provincia.

Las zonas francas son enclaves en los que se producen bienes destinados mayoritariamente a la exportación. Por eso, todos los insumos importados que reciben no pagan aranceles. Son reexportados y no compiten con la producción nacional.

Las normas permiten a veces vender al por menor una parte de los bienes importados, pero la Aduana los trata de un modo parecido al equipaje acompañado en los viajes al extranjero. Hay franquicias de US$ 300 por persona para no pagar impuestos.

En 2013, Cristina Kirchner restituyó a Santa Cruz la facultad de poner en funcionamiento las zonas francas de Río Gallegos y Caleta Olivia. El concesionario es el encargado de operar la zona y prestar servicios a todos los que allí se instalen, además de facilitar los predios y cobrar los alquileres y un canon. Hubo una licitación adjudicada en 1996. En 2001 se dio todo de baja. En 2013 la Presidenta restituyó a la provincia la posibilidad de poner en marcha las zonas y autorizó a Río Gallegos a vender al por menor. En 1996, después de la crisis del efecto tequila y todavía con Menem en la presidencia se le había quitado esa potestad.

Decisiones

En marzo pasado, la resolución 132 del ministro de Economía, Axel Kicillof, adjudicó la construcción y explotación de las zonas francas santacruceñas a London Supply. Es un grupo que opera el aeropuerto de El Calafate y el duty free shop de Iguazú, entre muchos otros negocios. En ese momento, LA NACION recordó que la empresa se había visto involucrada en el affaire Ciccone, cuando aportó dinero para tratar de levantar la quiebra de la imprenta. También dio cuenta de una cuestionada gestión de la zona franca de Paso de los Libres, Corrientes.

En el reglamento aprobado en 1995 se permitió a estas zonas especiales vender a los residentes en Santa Cruz automóviles por un valor sin impuestos de hasta US$ 25.000. Esto incluiría muchos vehículos que en el resto del país cuestan mucho más del doble. En 1995 se permitían motos hasta US$ 3500, cifra que ahora llega hasta 5000. Hace 20 años no se mencionaban las pickups, pero ahora se incluyen las de hasta US$ 40.000 sin impuestos, siempre al tipo de cambio oficial.

Las unidades deberán quedarse en Santa Cruz al menos cinco años. Deberán portar una patente especial y sólo podrán ingresar por 90 días por vez al resto del territorio nacional. En las automotrices la noticia fue tomada con sorpresa. Creen que se busca beneficiar al concesionario y a los compradores locales.

Larga e inconclusa historia

Régimen especial

Una ley de Menem, a la que adhirió Néstor Kirchner, permitió crear dos zonas francas en Santa Cruz, pero nunca funcionaron

Cristina lo hizo

La Presidenta reactivó la iniciativa; cuando funcionen se podrán adquirir autos importados de hasta US$ 25.000 sin impuestos. El precio en el resto del país de los mismos modelos llega a más del doble del equivalente en pesos.