La estrategia del Gobierno con la medida buscó descomprimir la tensión instalada en las negociaciones salariales de actividades clave, como la industria metalúrgica y comercio, en la aspiración de facilitar el cierre de acuerdos por debajo del 25%. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo estuvo lejos de cumplir su objetivo: los gremios profundizaron su malestar con la imposición del tope salarial, cuestionaron las duras críticas lanzadas por Kicillof contra el sector y fueron más allá con el anuncio concreto de medidas de fuerza.

El propio Antonio Caló, líder de la UOM y de la CGT más afín a la Casa Rosada, anticipó que desde mañana y por 36 horas paralizará las actividades del sector en reclamo de un incremento salarial del 32%. El dirigente oficializó la huelga tras el fracaso de la nueva audiencia paritaria que mantuvo ayer por la mañana con las cámaras metalúrgicas y ratificó la medida en un encuentro de la cúpula cegetista realizado horas después de que el ministro de Economía anunciara la reducción de Ganancias.

"No voy a firmar por debajo de lo que firmé el año pasado (29,6%) por más que me dicten la conciliación obligatoria", advirtió el jefe de la UOM en medio de la reunión de la mesa chica de la central obrera, confiaron voceros del encuentro. Sin ocultar su fastidio, Caló se quejó ante sus pares de las "presiones" del Gobierno en el marco de la negociación paritaria y ratificó su resistencia a firmar una suba de 24% para su gremio.

Más ofuscado aún se mostró el jefe del gremio de Comercio, Armando Cavalieri, quien reiteró sus quejas por la negativa oficial a homologar el entendimiento salarial que ya tiene acordado con las cámaras del sector y que fija una suba de 30% en dos tramos. En la apuesta de traducir ese malestar en una posición orgánica de la central, Caló decidió convocar para la próxima semana a una reunión del consejo directivo de la entidad.
"La CGT quiere discusiones libres y sin ningún techo", afirmó Héctor Daer (Sanidad) en referencia a la posición que sostendrá la central.
Horas antes del encuentro cegetista, Kicillof intentó sorprender con el anuncio de la rebaja de Ganancias y la desmentida de un supuesto intento oficial de ponerle tope a los salarios. El ministro oficializó la decisión de reducir la carga del impuesto de los trabajadores con salarios brutos de entre $ 15.000 y $ 25.000 a partir de una rebaja de las escalas del tributo que se implementará en función de un cambio en los valores de las deducciones habilitadas. La medida, que no modificará el valor del denominado mínimo no imponible ($ 15.000), beneficiará al 68% de los trabajadores que actualmente pagan el impuesto, y representará un incremento de hasta el 6% en los salarios de bolsillo de esos empleados. Según la estimación oficial, la reducción de Ganancias tendrá un costo fiscal cercano a los $ 6000 millones anuales.

En los gremios cercanos al Gobierno como entre sindicatos opositores interpretaron la medida como "un paliativo" que no resuelve los reclamos por una reforma de fondo sobre el polémico tributo. Además, si bien reconocieron que podría servir para reducir las aspiraciones salariales de aquellos gremios alcanzados por el impuesto, advirtieron que tendrá efecto inocuo para disciplinar las paritarias en actividades donde los trabajadores no tributan Ganancias.

Kicillof aprovechó la rueda de prensa del anuncio por Ganancias para rechazar las denuncias sindicales sobre un intento para limitar las paritarias. Al respecto, aseguró que el Gobierno no fija "techo" en las discusiones salariales y que lo que le preocupa es que los empresarios trasladen a los precios los incrementos que se acuerden en las negociaciones colectivas. "Hay algo claro: el Gobierno no es el que paga las paritarias. Es una negociación entre empresarios y trabajadores, cada uno cuidando sus intereses. El Estado actúa sólo de observador, acompaña el diálogo", afirmó el ministro a la vez que reclamó a los empresarios actuar con "responsabilidad" para que los aumentos de sueldos no sean trasladados luego a los precios.

El funcionario también cargó con dureza contra los gremios. En esa línea, apuntó toda su artillería contra las cuotas sindicales que pagan los trabajadores y que, según denunció, en muchos casos duplican el monto de los descuentos salariales por efecto de Ganancias. Su embestida realimentó la bronca de los sindicalistas que participaron de la reunión de la CGT oficial, desde donde advirtieron al funcionario que, a diferencia de los descuentos por el polémico tributo, "las cuotas sindicales no son obligatorias, sino una decisión de los propios trabajadores".

"Lo que dijo y cómo lo dijo cayó muy mal porque solo busca esmerilar a los dirigentes sindicales intentando crear la idea de que los gremios se quedan con la plata de los trabajadores", reprochó un gremialista de estrecha relación con la Casa Rosada. Otro dirigente fue más crítico: "Las comparaciones son odiosas, pero la forma en que lo presentó mucho más. Se fue de mambo", acusó.