El gobernador Daniel Scioli se vio obligado a postergar una polémica medida. Se trata de una resolución de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) que entraba en vigencia en 10 días y buscaba computar compulsivamente un plan de "facilidades de pago" para los deudores del impuesto inmobiliario y patente automotor.

El ente recaudador provincial había determinado que las deudas se debitarían automáticamente de las cuentas bancarias de los clientes, que se computaran en las tarjetas de crédito, o que aparecieran dentro de los pagos a empresas de servicios, como las aseguradoras.

La medida alarmó tanto a banqueros como a contadores, y el gobernador tuvo que postergar su aplicación hasta 2016, según confiaron ayer voceros de su entorno.

"Se trataba de un plan compulsivo de pagos a deudores, de facilidades no tenía nada y para enmarcarlo legalmente involucraban a terceros como agentes de retención", explicó a este diario Daniel Lejtman, asociado en el estudio Lisicki, Litvin & Asociados. "La agencia de recaudación está, en definitiva, trasladando la ineficiencia de su gestión de cobro a terceros que interactúan con los contribuyentes en el manejo de sus finanzas, o prestando servicios a los cuales agregan el cargo correspondiente a la percepción de los gravámenes provinciales adeudados", explica el especialista.

La iniciativa generó revuelo en el sector financiero. "No alcanzaron los tiempos de adecuación de sistemas por lo cual la medida no se implementará hasta 2016", explicó un vocero de ARBA ante la consulta de Clarín, aunque ratificó que la resolución Nº 016/15 "no se anula, se posterga". "En los próximos días sale una nueva resolución", adelantó el funcionario. Todo hace pensar que en 2016, frente al desafiante panorama económico de la provincia, la nueva administración bonaerense tendrá a mano esta herramienta para engrosar las arcas fiscales.

Lo llamativo del caso es que los bancos y las aseguradores consultados por Clarín desconocían hasta anoche la postergación de la medida y sus abogados seguían elaborando estrategias para impedir su aplicación, que incluían demandas judiciales para ARBA, por considerar "compulsiva" y "anticonsitucional" la iniciativa.

"Es un embargo y solo puede llevar a cabo con una orden judicial", dijo a Clarín Juan Curutchet, vicepresidente del Banco Ciudad y abogado. "Si el deudor se negara a abonar su deuda en el banco, quedaría afectada al entidad como deudora, y antes de que eso ocurra los bancos bajaremos el límite de crédito que tienen todos aquellos a quienes ARBA califica de deudores", afirma el ejecutivo del Ciudad. "Consideramos que es ilegal la traslación de la deuda, por lo que iremos a la justicia. No queremos que se postergue, sino que de descarte por ser inaplicable", afirmó Curutchet.

La normativa señalaba que la nómina de los contribuyentes incluidos "será puesta a disposición de los interesados para su consulta, a través del sitio oficial" de ARBA. Eso significa que sólo quien chequeara asiduamente esa página web podría tomar conocimiento de que fue incorporado al plan de pago del organismo para los deudores, y de ese modo iniciar el trámite para solicitar su baja.