El juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, comenzará a definir este viernes si suma reclamos por u$s 5400 millones a la sentencia a favor de los fondos buitre. Ese día tendrá una audiencia con los me too, los fondos con deuda en default que reclaman anexarse al fallo por el que Argentina debe pagar, hasta el momento, u$s 1700 millones.
El juez había llamado a audiencia a los me too para este viernes 29. Los reclamos, entre los que se cuentan nuevos litigios de NML Capital, Aureliuos, Blue Angel y EM, del magnate Kenneth Dart, totalizan u$s 5400 millones y Argentina los rechazó. Se descuenta que Griesa los incluirá en la sentencia y obligará al país a hacerles una oferta. En todo caso, todo quedará en manos del mediador Daniel Pollack, desconocido por el país. Pollack ya tiene poder para convocarlos a la mesa de negociaciones.
Si Griesa abre la compuerta al 100% de los reclamos, la sentencia en contra de Argentina se encarecerá hasta los u$s 7000 millones. Hasta el momento, el país ofrece a los holdouts ingresar al canje de deuda, como el 93% de los acreedores que tenían bonos en default. Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández insistió ayer en querer "pagarle a todos los acreedores, pero en forma justa, equitativa e igualitaria".
La batalla del Bonar
Será una semana ajetreada para los abogados que defienden al país en Nueva York, del estudio Cleary Gottlieb. En estos días también deberán responder al fondo Aurelius, uno de los demandantes, que pidió a Griesa que declare que el Bonar 2024 es deuda externa e impida al Gobierno pagarlo, a pesar de que se trata de un bono de ley local. El antecedente es el bono Discount de ley argentina, que Griesa impidió pagar en marzo, aunque con el argumento de que fue un título que formó parte del canje.
En su escrito del día 11, Aurelius había pedido otorgar un plazo de 14 días a Argentina para responder. El país insistirá en que no se trata de deuda externa sino de deuda interna, ya que el bono se rige por la ley local, se ofreció en Argentina y se pagará en el país.
El argumento de Aurelius (y NML, de Paul Singer, detrás), es que bancos internacionales ayudaron al país a colocar el bono en el exterior y que la participación de inversores externos (que suscribieron el 90% de la colocación del 22 de abril, unos u$s 1.400 millones) alcanza para calificar a ese título como deuda externa y, por lo tanto, incluirlo en el fallo del pari passu, que impide al país pagar vencimientos de deuda hasta tanto no se salde la deuda judicializada. Argentina también usó Bonar 2024 para pagar parte de la indemnización a Repsol.
En el Gobierno están desconcertados con Griesa y no saben si dará la razón a Aurelius. En todo caso, una eventual apelación de cualquiera de la parte perdedora (sea el país o Aurelius) extenderá el conflicto con los Bonar 2024, en momentos en que el Ministerio de Economía de Axel Kicillof planea una nueva emisión, lo que presionará sobre la tasa de interés. Y quedará como antecedente de cara al pago del Boden 2015, otro título de ley local por el cual el país debe desembolsar u$s 6000 millones el próximo 3 de octubre.

