Por Alfredo Sainz - Sin atreverse a nombrar la palabra prohibida ("devaluación"), la industria de la alimentación adelantó su plan de propuestas para superar la crisis que enfrenta como sector más competitivo de la economía argentina. Formalmente, el programa será presentado el 25 de agosto en un seminario sobre el futuro de la industria, aunque la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) -entidad que reúne a 37 cámaras de alimentos y bebidas- ya dio a conocer los principales lineamientos, que incluyen pedidos para eliminar las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) y las retenciones a las exportaciones que afectan a las economías regionales, la derogación de ley de abastecimiento, el fin de los "precios administrados" y la autorización para volver a aplicar el ajuste por inflación en sus balances.

La presentación de la propuesta estuvo a cargo de la plana mayor de la Copal, encabezada por su presidente, Daniel Funes de Rioja, que destacó el mal momento que vive la industria. Funes de Rioja precisó que en el primer trimestre de este año las exportaciones del sector cayeron en términos generales 4,7% en dólares, mientras que, si de la cuenta se excluyen los aceites y pellets de soja, la baja llega a 10,2%. "No se trata únicamente de una baja en los volúmenes, sino también de una pérdida de mercados que después son muy difíciles de recuperar", señaló.

En la Copal afirmaron además que el panorama para las llamadas economías regionales era aún más grave: en los primeros tres meses, la demanda internacional de manzanas argentinas cayó 50,7%; la de aceite de oliva, 40,5%; la de aceitunas, 38,4%; la de lácteos, 36,5%, y la de la carne aviar, 32,9%. "En algunos casos, como la producción de frutas en el Alto Valle, estamos viviendo un cóctel tremendo con precios internacionales en baja y costos locales en alza", dijo Guillermo Barzi, vicepresidente de la Copal y director del grupo Canale, con inversiones en los negocios del vino y de las frutas.

Presión impositiva

La propuesta ya fue presentada al gobernador Daniel Scioli; al secretario de Comercio, Augusto Costa, y a la Fundación Pensar, de Pro. El primer pedido de los industriales de la alimentación pasa por una reducción de la presión fiscal. Según sus cálculos, la alícuota efectiva del impuesto a las ganancias en la Argentina llega a 40,5% -tomando en cuenta el tributo que pesa sobre los dividendos-, en lo que constituye el nivel más alto de América latina. "Lo que proponemos es bajar la presión impositiva en el zoológico y que la AFIP salga afuera a cazar nuevos contribuyentes", explicó Funes de Rioja.

Otro de los reclamos de las empresas alimentarias es la eliminación del sistema de DJAI, al que acusan de no ofrecer un "tratamiento uniforme ni claro" y de rechazar los criterios arbitrarios en su aplicación.

La propuesta de la Copal también incluye un proyecto para derogar la ley de abastecimiento que se aprobó hace poco más de un año. "Se trata de instrumentos que en otros lugares del mundo han sido desechados y que además resultarían incompatibles con acuerdos bilaterales de inversión suscriptos por nuestro país", explicaron en la entidad empresarial. Los industriales también están reclamando eliminar "los programas de administración de precios", en lo que puede ser leído como una crítica contra el plan de Precios Cuidados que impulsa el Gobierno.

En el texto de 74 páginas que ayer fue presentado en la Copal no hay una mención directa a la palabra "devaluación" y tampoco a los sinónimos más velados que utilizan los empresarios, como "retraso del tipo de cambio" o "pérdida de competitividad de la producción nacional". "Hoy hay muchos temas en los que tenemos que trabajar y estoy convencido de que no hay una única medida que arregle todo", explicó el líder de la Copal. "Además sería un golpe de timón que no resolvería muchos de los problemas que enfrentamos", agregó.

Frente a la batería de problemas que enfrentan en materia impositiva, comercio exterior y mercado interno, en la Copal reconocieron que el Gobierno se hizo eco de su rechazo ante lo que consideró como aumentos "excesivos" en los aranceles que aplican organismos oficiales como la Anmat y el INAL.

"Ya llegamos a un acuerdo y se modificaron los valores y las escalas que van a cobrar la Anmat y el INAL, trabajando con niveles mucho más razonables. Y ahora estamos esperando la publicación de las normas en el Boletín Oficial", señaló Mercedes Nimo, directora ejecutiva de la Copal.