Por Néstor O. Scibona - El tono siempre es desafiante. Como si preguntara quién podría gastar más y el espejo le devolviera su propia imagen. Cristina Kirchner hace campaña electoral para sus candidatos con una apología del gasto público, como si dispusiera de una tarjeta de crédito sin límite o una caja fiscal inagotable. Durante casi toda su gestión gastó más de lo mucho que recaudó. Y está dispuesta a que su año de despedida de la Casa Rosada no sea la excepción. En los primeros cuatro meses de 2015 el gasto primario ya aumentó (46,8% interanual), más de 20 puntos porcentuales que los ingresos tributarios (26%). Y seguirá en alza a medida que se acerquen las elecciones. El déficit (estimado en $ 320.000 millones) debe cubrirse mayormente con la "maquinita" del Banco Central; pero la emisión llegó a tal límite que obliga a colocar deuda interna a corto plazo o externa a más largo plazo con tasas exorbitantes. Quien advierta que eso no es lo que haría en su propia familia, ni se lo permitiría al administrador del consorcio, será acusado de agorero o neoliberal. Por más que se sepa que estas políticas populistas no duran para siempre y el costo se termina pagando, por las buenas o por las malas. Para la Presidenta gobernar es gastar. Y no sólo eso: también promocionarlo constantemente. De ahí que la partida de propaganda a través del aparato oficial y paraoficial de medios ya haya recibido, a sola firma de CFK, un refuerzo presupuestario de $ 600 millones (de $ 1200 a $ 1800 millones), antes de la primera mitad del año. En el caso de obras públicas, da lo mismo que se inauguren, reinauguren, recién se inicien o queden en un limbo de plazos, costos o prioridades. Sin ir más lejos, de los 22 discursos de CFK por cadena en lo que va de 2015, dos estuvieron dedicados a la primera soldadura del Gasoducto del Noreste (GNEA), anunciado hace 11 años y que requerirá gas importado para transportar. Otro, a la puesta en marcha a pleno de Atucha II, que insólitamente ya había sido "inaugurada" durante la campaña electoral de 2011 cuando la central nuclear aún no generaba electricidad. Y un cuarto al anuncio del "tren del shale" en Neuquén, que YPF utilizará para bajar costos logísticos en Vaca Muerta, pero que aún no tiene vías. En su último mensaje por cadena, desde Mendoza, Cristina fue más allá. No sólo sostuvo que a su gobierno nadie podía darle lecciones sobre cómo hacer crecer la economía, sino que desafió a los candidatos a sucederla a explicar qué piensan hacer con el rol del Estado y las políticas públicas. Otra vez demostró que el discurso pesa más que la realidad. En materia de crecimiento del PBI, la era K tuvo tres etapas claramente diferenciadas: de las "tasas chinas" (cercanas a 9% anual) durante la gestión de Néstor Kirchner se pasó a casi la mitad (4.7%) en el primer mandato de CFK y a un virtual estancamiento (0,6%) en el segundo, ante el retroceso de la inversión local y extranjera. Si hubiera que atenerse a la propaganda oficial, la Argentina habría vivido un "boom" de inversión pública en infraestructura. Sin embargo, según datos de la Cepal, promedió 2,1% del PBI en el período 2004/2012, por debajo de la década del 80 (2,9%). Y en conjunto con la magra inversión privada (0,8%), resultó la mitad que en la década del 90 (5% privada y 0,7% pública). Después de una década de aumento récord del gasto público, cuesta creer que el presupuesto 2015 destine apenas 1,2 de cada 10 pesos a mejorar la infraestructura económica, social y de servicios en todo el país. Con respecto a las políticas públicas, el desafío es doble; pero poco tiene que ver con el planteo de CFK. Por un lado, el deliberado deterioro del sistema estadístico oficial impide conocer la verdadera magnitud de los problemas a resolver, ya sea en materia de pobreza, inseguridad, narcotráfico, calidad educativa, vivienda, hábitat, etcétera. Por otro, la Argentina necesita que el sector privado vuelva a invertir para retomar el crecimiento económico y difícilmente lo haga mientras el Estado lo asfixie con impuestos, regulaciones, intervenciones, controles y permisos previos. Quizá lo más llamativo a estas alturas es que, con su silencio en cuestiones económicas y sin refutar ningún argumento presidencial, los precandidatos parecen avalar todo lo que dice CFK. Probablemente lo hagan para no ahuyentar votantes, al menos hasta las PASO. Pero todos saben, sin embargo, que más allá de algunos rubros irritantes (como las permanentes designaciones de militantes en el Estado, la propaganda oficial, el Fútbol para Todos, el manejo discrecional de fondos para obras públicas, etcétera), las dos terceras partes del gasto público están concentradas en jubilaciones y subsidios (a la energía y el transporte), que a su vez están virtualmente indexados. El primer rubro es intocable. Y en el segundo está el mayor margen para achicar gastos. Para dar una idea, la Asignación Universal por Hijo equivale hoy (antes del aumento de 35/40% que se anunciará en las semanas previas a las PASO) a poco más del 10% de los subsidios a las tarifas. Claro que reducir subsidios y subir tarifas equivale a aumentar impuestos a la clase media. A menos que venga acompañado de un programa fiscal y monetario para bajar la inflación, que necesariamente deberá incluir una reforma tributaria, comenzando por el impuesto a las ganancias. Por ahora hay tanta cautela que nadie anticipa nada. Ni para rescatar ideas lanzadas tiempo atrás, como la del ex director de la Comisión Nacional de Valores, Héctor Helman, quien propuso desgravar el gravamen a los trabajadores que lo apliquen a la compra de bonos o acciones, a fin de fortalecer el mercado local de capitales. Aun así, el mayor problema por delante lo tienen los candidatos oficialistas y especialmente Daniel Scioli. Sobre todo, desde que Axel Kicillof declaró que se siente más a gusto para continuar como ministro de Economía que como candidato a vicepresidente. |