Empresarios, fundaciones y representantes de la sociedad civil se reunieron ayer para analizar el papel del Estado y las políticas públicas a la hora de promover las inversiones y la generación de empleo en el país, en el marco del Foro de Convergencia Empresarial.

Los asistentes debatieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sobre el papel del Estado a la hora de establecer condiciones institucionales, económicas y sociales que generen inversiones, que según los cálculos del Foro, permitirían crear "tres millones de puestos de trabajo en los próximos años". El debate giró en torno al documento "El rol del Estado y el buen gobierno republicano", que presentó el Foro de Convergencia hace algunos días, con el objetivo de generar un diálogo sobre las políticas públicas en el país.

Los empresarios consideran que la sociedad argentina no ha discutido "en profundidad" la relación del Estado "con los gobiernos de turno", lo que ha contribuido a que predominen "posiciones extremas", como las que defienden la necesidad de la intervención estatal en todas las actividades sociales y económicas o las que acusan al sector empresarial de promover la existencia de un Estado "débil".

"Se recurre primero al aumento de impuestos hasta que éstos se tornan confiscatorios, al endeudamiento hasta que éste no se puede obtener ni aun pagando tasas usurarias, y se cae en la emisión monetaria sin respaldo que genera inflación, el impuesto más regresivo que afecta en mayor medida a la población más vulnerable", apuntó el coordinador del foro, Miguel Blanco, que presentó el documento junto a Máximo Fonrouge, conjuez del fuero Contencioso Administrativo; Alberto Dalla Vía, juez de la Cámara Electoral; José Nun, ex secretario de Cultura; Orlando Ferreres, ex vice-ministro de Economía, y Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad.

El documento refleja la "necesidad" de poner en marcha un debate interno sobre las políticas públicas, de forma que se promueva "el bienestar general". Algunas de sus conclusiones fueron que a los gobernantes les cabe la responsabilidad de actuar de "manera ejemplar" como "promotores de la ética republicana", que no es otra cosa que la de "observar y hacer observar el cumplimiento de la ley"..