Por Florencia Donovan - La creciente presión fiscal se ha transformado en los últimos años en uno de los grandes focos de conflicto entre las empresas mineras y las autoridades nacionales y provinciales. Pero la semana pasada una minera de Santa Cruz se anotó una primera victoria en la Corte Suprema, que, de seguir avanzando, podría terminar allanándoles el camino a muchas empresas del sector.

El máximo tribunal le concedió un amparo a la Minera Triton, que está a cargo en Santa Cruz del proyecto Manantial Espejo, y le ordenó a la provincia que se abstenga de cobrarle el nuevo impuesto inmobiliario hasta tanto no se expida en la cuestión de fondo, que sería definir si tal tributo es o no violatorio de la denominada ley de estabilidad fiscal, que rige para toda la industria.

Según la ley de inversiones mineras, siempre que comienza un proyecto, los gobiernos asumen el compromiso de mantenerle estable la carga tributaria por un período de 30 años, lo que implica que en ese plazo pueden crearle o eliminarle impuestos, siempre y cuando no le modifiquen la carga tributaria total.

La provincia de Santa Cruz, no obstante, instauró hace dos años un nuevo impuesto para las mineras que operan en su territorio, en función del cual las compañías están obligadas a pagar por el equivalente al 1% de las reservas que tienen bajo tierra. La medida fue cuestionada por algunas empresas que ya estaban operando y que tenían un acuerdo de estabilidad fiscal, como el caso de Triton, y provocó quejas entre otras compañías chicas, que argumentaban que el impuesto ponía en riesgo sus operaciones. Y es que como el impuesto era sobre las reservas probadas, todas las empresas tenían que pagarlo aun antes de comenzar la explotación del yacimiento.

Para Triton, subsidiaria de la empresa Panamerican Silver, el tributo representaba, a marzo pasado, el desembolso de $ 26,9 millones adicionales. Con el agravante, según señalan en la compañía, de que el de Manantial Espejo es un proyecto minero que ya está en proceso de cierre, lo que significa que ya está prácticamente finalizado.

"Si bien la Corte no se expidió sobre el fondo de la cuestión -dice Carlos Saravia Frías, socio de Saravia Frías Abogados y asesor de Triton-, es alentadora esta pronta y clara resolución que viene a ponerle coto al desenfrenado intento del Estado de seguir aumentando la carga tributaria, en franca violación de la norma aplicable."

Además de Minera Triton, en Santa Cruz también están afectadas por el nuevo impuesto inmobiliario Minera Santa Cruz, que opera la mina San José; Yamana Gold, a cargo de Cerro Moro, y Goldcorp, con su proyecto Cerro Negro.

En la industria, no obstante, muchos esperan que el caso de Minera Triton pueda aplicarse más allá de Santa Cruz, dado que son varias las empresas que tienen reclamos similares en las provincias en las cuales operan y la mayoría viene a su vez cuestionando históricamente la política de retenciones a las exportaciones que aplica el gobierno nacional.

"La ley de inversiones mineras es, sin dudas, la base normativa fundamental de la actividad -subraya Saravia Frías-. De más está decir que por tratarse de inversiones de alto riesgo y largo plazo de recupero, se precisan reglas de juego claras y estables en el tiempo."