Así consta en el anexo que acompañó al decreto 1311/2015, publicado ayer en el Boletín Oficial, con el que se promulgó la ley que crea la AFI, el organismo de inteligencia a cargo del secretario Oscar Parrilli y del subsecretario Juan Mena. La ley deja a las escuchas telefónicas bajo la órbita de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

La formalización de que la estructura de espionaje podrá investigar a los grupos económicos cuando sospeche sobre maniobras de "desestabilización" provocó la inmediata preocupación de empresarios.

El anexo es un documento de 408 páginas llamado "Nueva doctrina de inteligencia nacional", en el que define que el rol de la AFI será "velar por la protección y el cuidado de los argentinos, y no ‘espiarlos’". El sistema, sigue el documento, "se configura como un ‘observatorio’ abocado exclusivamente a la producción y gestión de conocimientos acerca del conjunto de problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior".

La investigación al sector empresario se enmarca en la seguridad interior, ya que se prestará atención a "los fenómenos delictivos violatorios de las libertades y derechos de las personas y del Estado constitucional social y democrático de derecho". En concreto, el documento se refiere al "terrorismo", a "los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática" y a delitos informáticos.

Los atentados contra la Constitución y la Democracia, siguió el Gobierno, podrán ser perpetrados por "grupos políticos y/o militares que se alzaren en armas" o por "grupos económicos y/o financieros –empresas, bancos, compañías financieras, etcétera– que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, ‘golpes de mercado‘, etc.".

Este párrafo alertó a los empresarios, que recuerdan la tipificación de delitos económicos en las leyes antilavado y antiterrorista, en 2011, y la más reciente modificación de las leyes de desabastecimiento y defensa del consumidor.

En una de las industrias más importantes del país consideraron que la nueva normativa afectará la inversión. Lo mismo indicaron en dos multinacionales y desde el sector supermercadista. En el sector financiero afirmaron que podrá encarecer inversiones y créditos, aunque queda esperar la efectiva aplicación de la norma.

En rigor, ningún empresario sabe cómo afectará efectivamente la nueva legislación al mundo de los negocios, pero la sola explicitación de que "empresas, bancos, compañías financieras" y otros están en la mira los puso en alerta.

La nueva norma forma parte del corpus legal que produjo el kirchnerismo en los últimos años. Ya en 2011 incoroporó al Código Penal delitos económicos y contra el sistema financiero, a tono con normativa antilavado internacional. Pero el titular de la UIF, José Sbattella, afirmó que la ley antiterrorista, votada por presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), podría usarse "para que no vuelva a pasar un golpe de mercado". Para Sbattella y buena parte del Gobierno, la oposición ruralista a la resolución 125 de retenciones móviles, en 2008, podría haberse catalogado como golpe de mercado y haberse encuadrado en el posterior artículo 41 quinquies, que endurece penas a delitos cometidos con el fin de "aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

En conferencia de prensa, Parrilli afirmó que el nuevo organismo tiene por objeto "cuidar y no espiar a los argentinos". Agregó que los agentes de la ex SIDE ya no tendrán "autonomía" para espiar, sino que "habrá una conducción que determinará acciones sobre las que se hace inteligencia".