El gobierno argentino acaba de batir un récord. Decidió instaurar un régimen persecutorio, de más que indudable inconstitucionalidad, que habilita a los servicios de inteligencia a perseguir con toda clase de invasiones a la privacidad a quienes osen hacer operaciones cambiarias fuera del marco de las inconstitucionales restricciones de la libertades individuales que las autoridades inventan. El Gobierno ha hecho una ley -nada menos que la antiterrorista- para perseguir a quienes se atrevan a tratar de defenderse de una devaluación, anticiparse o sumarse a una fuga de depósitos.

Con un marco así, los griegos que corrieron a los cajeros automáticos y a las sucursales bancarias a retirar sus euros ante la amenaza de la vuelta al dracma podrían haber sido encarcelados acusados de causar la crisis, en lugar de sufrir un corralito bancario.

El gobierno kirchnerista, que levanta la bandera de los derechos humanos, no duda sin embargo en ir contra la Constitución y varias leyes al disponer que los servicios de inteligencia, como en la dictadura, como en Alemania Oriental, se dediquen a perseguir y a espiar a los ciudadanos por atreverse a tratar de disponer libremente de sus propiedades y ahorros.

La histórica mentira de Ulbricht puede ser interpretada como "un acto fallido", como lo entienden los psicólogos. En el caso argentino no hay que ir tan lejos en las interpretaciones. Es una situación caricaturesca. Como si alguien con un arma de fuego apuntara a otro, mientras prepara el dispositivo para disparar y jura que no va a hacerlo. ¿Por qué no pensar que es un mentiroso?

Los fallidos, en todo caso, no hay que buscarlos en las promesas del jefe de la agencia a la que se le ordenó por decreto perseguir a los que operen en el dólar blue, Oscar Parrilli, quien dijo que no lo hará.

El ministro Axel Kicillof pareció más cercano a querer disimular lo indisimulable del pensamiento dirigista y rayano en el totalitarismo. Ayer, en un diálogo de mutuas aprobaciones, consentimientos y apoyos argumentales engañosamente presentado como una entrevista con Horacio Verbitsky en el diario oficialista Página 12, el ministro ofreció algunos "fallidos".

Kicillof se dedicó también a las falacias históricas, dichas con toda comodidad, sin pedido de aclaración. El "doctor en Economía", supuesto experto en historia económica, dijo sin que Verbitsky, según la transcripción, le pidiera aclaración alguna: (...) "Privatizar el sistema previsional. Todas las desgracias que hemos vivido venían de este mecanismo de imposición de políticas económicas por el FMI, aceptado en forma casi vocacional por políticos y economistas. Así se vació la democracia, porque uno votaba un nuevo gobierno, pero las decisiones se tomaban afuera y se aplicaban acá".

¿No fue Parrilli uno de los miembros informantes del menemismo que defendieron esa privatización en el Congreso? ¿No se afiliaron Néstor y Cristina Kirchner al sistema de AFJP y luego hicieron gala de que se salían? ¿No le pagó Néstor Kirchner todo, al contado, por anticipado y sin quita al Fondo en 2005 utilizando la reservas del Banco Central, haciendo lo mismo que Brasil poco tiempo antes?

Kicillof va más lejos y se le escapa el lenguaje autoritario: "(...) las nuevas camionetas 4x4 enormes, que se fabrican ahora en la Argentina, permiten trabajar con las empresas y condicionarlas para que haya mayor integración". Y también: "(...) Tenemos que volver a producir motores, y en los últimos tiempos hemos tenido un avance muy fuerte en estos condicionamientos a los inversores extranjeros".

La idea del desarrollo de Kicillof no es otra que, según sus palabras, exigir, condicionar. No llega al fallido, según la transcripción, de "apretar" o "perseguir", como dice que no hará Parrilli, aunque la Presidenta le ordenó hacerlo con una norma publicada en el Boletín Oficial. Pareciera que Parrilli y Kicillof habrían sido capaces de negar la existencia del Muro cuando ya estaba construido.