Sin embargo queda la advertencia: el Gobierno podría impulsar una reforma de la ley penal cambiaria. Por otro lado, la ecuación económica sufriría de inmediato: la posibilidad de que aumenten las restricciones o directamente se prohíba el uso del liqui podrían deprimir la actividad económica ya que es utilizado por empresas para poder pagar importaciones o incluso para girar divisas al exterior. Éstas a su vez se verían tentadas a sobrefacturar importaciones o subfacturar exportaciones (los dólares se quedan afuera).
Por otro lado, la brecha entre el blue y el oficial se agrandaría con los efectos que eso llevaría no sólo en materia de especulaciones en el mercado doméstico y el incentivo de la bicicleta financiera con el dólar ahorro. También generaría bajo atractivo en el sector exportador para liquidar las ventas al exterior en el mercado doméstico de cambios, ya que recibirían una cotización para el billete estadounidense demasiado alejada de la que propone el mercado extraoficial que es el único en el cual pueden dolarizarse. Una menor entrada de dólares también le generaría al Gobierno mayores presiones en materia de reservas del Banco Central, algo que la entidad ha venido evitando con fuertes controles en el mercado paralelo, swaps cambiarios, restricciones a las importaciones pero, sobre todo, una cruce de expectativas.

