Lo había hecho la semana pasada con varios de ellos. Por ejemplo, con los que plantearon en los diarios reparos al nuevo marco jurídico: los llamó uno por uno, y les dijo: "No es así". Ayer fue a la sede de la UIA, luego de pedirle la gestión al gráfico Juan Carlos Sacco. Se reunirá pasado mañana con la Cámara de Comercio y es probable que lo haga también con el Grupo de los Seis.

"Ejemplificativo", fue la palabra clave que llevó a la sede fabril acompañado por su segundo, Juan Martín Mena: la usó para describir el carácter que, dijo, tiene ese controvertido anexo I del decreto 1311, que enumera los referidos delitos. Parrilli transmitió que era apenas una descripción, algo así como objetivos por alcanzar, porque cada una de estas formas que el Gobierno promete perseguir está tipificada en alguna ley. Las acusaciones estarán, afirmó, sustentadas en el Código Penal o en la ley correspondiente, y ninguna escucha se hará sin autorización de un juez.

Eso prometió ayer el abogado Parrilli. El problema fue que el abogado Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la UIA y quien tuvo ayer el perfil más alto entre sus pares, pareció convencido de lo contrario. "El anexo de un decreto es una norma", le objetó. "Es ejemplificativo", insistió el funcionario, y la conversación, que duró dos horas, dejó entonces pendiente ese punto.

Parrilli había empezado a lo Kicillof: hizo un recorrido por la historia de los servicios de inteligencia desde los inicios del siglo XX y expuso que, desde la caída del Muro de Berlín, los Estados habían ido abandonando la costumbre de hacer inteligencia para escarmiento de los enemigos y que el sector estaba sometido a una transformación en todo el mundo.

Agregó que el kirchnerismo también había aplicado reformas sustanciales: por ejemplo, las escuchas que antes ordenaba directamente la SIDE debían ahora ser determinadas por la Procuración de la Nación. Lo llamó "institucionalización" de las tareas de inteligencia, tendencia que, dijo, había quedado explícita con el alejamiento de Jaime Stiuso.

"Pero ustedes convivieron 11 años con Stiuso", apuntó Guillermo Padilla, líder de la Cámara Argentina de Destiladores Licoristas. Parrilli contestó que en realidad Stiuso había trabajado allí desde la presidencia de Alfonsín, que el gobierno de Cristina Kirchner lo había padecido y que, finalmente, lo había echado.

Los industriales quedaron en estudiar el decreto en detalle. Se lo encomendarán al estudio Nicholson & Cano y, una vez analizado, sólo emitirán una opinión a través de la junta directiva, probablemente dentro de dos semanas. El objetivo es no irritar con puntos de vista personales. Tanto que, ayer, los anfitriones -Héctor Méndez, Luis Betnaza, José Urtubey, Funes de Rioja, Cristiano Rattazzi, Luis Ureta Sáenz Peña, Sacco y Padilla- le ofrecieron al invitado mostrarle el comunicado que difundiría Martín Etchegoyen, director ejecutivo de la UIA.

El texto final, una tarea conjunta firmada por la entidad fabril, consignó que se habían intercambiado "visiones sobre los alcances de ese decreto" y que las partes habían coincidido en "continuar los intercambios para trasladar a los funcionarios las referidas conclusiones del análisis que efectúe la Unión Industrial Argentina"..