Por Paz Rodríguez Niell - Los papeles que secuestró en el Sur todavía no llegaron a su juzgado. Para cuando hayan llegado, la causa ya se va a haber ido. El juez federal Claudio Bonadio fue apartado ayer del caso Hotesur, tres días después de haber irrumpido en las oficinas de los Kirchner en Santa Cruz.

El expediente, por presunto lavado de dinero, investiga los negocios hoteleros de la presidenta Cristina Kirchner y su entorno más cercano. La decisión de apartar a Bonadio del caso la tomó ayer la Sala I de la Cámara Federal por dos votos contra uno. Lo corrieron los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, con el voto en disidencia de Eduardo Farah. La decisión, inesperada, generó duras críticas de todo el arco opositor.

La Cámara Federal hizo lugar a un pedido de nulidad que habían presentado hace dos meses las defensas de dos de los imputados: la presidenta de Hotesur, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner y sobrina de la presidenta de la Nación) y el empresario Lázaro Báez, cuyas empresas pagaron a los Kirchner por habitaciones que nunca usaron.

Lo que ellos solicitaron fue que se declarara nulo un pedido de Bonadio de asistencia técnica a peritos contadores de la Corte Suprema, solicitud que hizo el juez sin informárselo a las defensas. Pero los camaristas no sólo declararon esa nulidad. Además, consideraron que Bonadio no fue "imparcial" y ordenaron que a partir de ahora un nuevo juez se haga cargo del caso. Hoy se sorteará quién lo reemplazará.

La intención oficial

Para eludir a Bonadio, Mercado ya había intentado, sin éxito, que el expediente fuera girado al Sur. Además de Mercado, Báez y la Presidenta, la lista de imputados incluye a los hijos de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia; a Martín Báez (hijo de Lázaro); a Osvaldo Sanfelice, el socio de Máximo en el negocio inmobiliario, y a Adrián Berni, ejecutivo de Báez. El lunes pasado, Bonadio ordenó 35 operativos y se llevó documentación de oficinas de todos ellos, incluida la inmobiliaria de Río Gallegos desde donde Máximo Kirchner maneja los negocios familiares.

Fuentes de la investigación relataron a LA NACION que no sólo se llevaron papeles. Los delegados del juez, asistidos por la Policía Metropolitana, se hicieron además de copias de lo que había en las computadoras que estaban en esas oficinas. La hipótesis que el juez Bonadio hizo llegar a sus allegados es que lo habían apartado para frenar el peritaje y que no se conociera el contenido de esas PC.

De acuerdo con el fallo de ayer, la decisión de los camaristas estuvo fundada en la necesidad de garantizarles a los acusados su "derecho de defensa", algo que, según Freiler y Ballestero, Bonadio no hizo.

El hecho que motivó el fallo fue una decisión de este juez firmada el 13 de febrero pasado, cuando convocó a peritos contadores oficiales para que colaboraran con él "en el análisis e investigación sobre aspectos técnicos en la materia".

Para ese momento, el magistrado ya se había hecho de las declaraciones juradas de todos los acusados.

Objeciones al juez

Según argumentaron las defensas, si Bonadio convocaba a los peritos, eso era un "peritaje", y en este tipo de medidas de prueba las partes tienen derecho a controlar lo que se hace y designar expertos propios. Lo que le reprocharon es que no se les hubiera dado esa oportunidad. También, que ni siquiera hubiera dejado plasmado en el expediente el resultado de esos diálogos con los peritos.

El argumento del juzgado es que no era en rigor un peritaje lo que Bonadio quería, sino un asesoramiento técnico para decidir cuáles debían ser los "puntos de pericia" -las preguntas- para un futuro peritaje contable y determinar qué documentos debían secuestrarse. Ese gran peritaje fue ordenado hace 15 días y notificado a las partes el lunes pasado, cuando ya estaban en marcha los operativos para reunir la documentación.

Ballestero sostuvo en su voto de ayer que la misión de los peritos es "responder los interrogantes que un magistrado les plantee y no, en modo alguno, formular tales preguntas". Y afirmó: "El modo escogido por el a quo (Bonadio) implica que tanto las «preguntas» como las «respuestas» serán brindadas por las mismas personas (Bonadio, además de la consulta previa, les encomendó después el peritaje a los mismos contadores oficiales). Dicha confusión no puede ser admitida".

Freiler coincidió. Dijo que el juez inventó una "intervención sui generis" de los peritos y que eso generó "un grave menoscabo al derecho de defensa". Pero además sostuvo que no era la primera "irregularidad" de Bonadio en esta causa: relató que las defensas ya se habían quejado de que no les dejaba ver el expediente, sacar fotocopias ni participar de las pruebas. Este camarista recordó que incluso cuando la Cámara, por un planteo anterior, le pidió a Bonadio un informe sobre su presunto "retardo de justicia", el juez dejó vencer el plazo sin contestarle.

Freiler dijo también que mientras demoraba respuestas, Bonadio tomaba en cambio "una importante cantidad de medidas de prueba" (en referencia a los 35 operativos del lunes) que tuvieron "una inusitada repercusión en los medios". Sobre esos operativos, Freiler cuestionó, además, que los hubiera hecho con la Policía Metropolitana, que depende de Mauricio Macri, pese a que se realizaron fuera de la "jurisdicción territorial" de esa fuerza (ver página 13). En su voto en disidencia, el magistrado Farah dijo, en cambio, que no es lo mismo pedirles a los peritos una "colaboración investigativa" que ordenar "estudios periciales" y que el juez, como director del proceso, puede elegir qué camino toma.

Ahora, el destino de este caso dependerá de Margarita Stolbizer. Ella es denunciante en la causa y pidió ser tenida por parte querellante. A pesar de que Bonadio todavía no había resuelto si le daba ese carácter, como "pretensa querellante" ella puede pedir que la Cámara de Casación revea lo dispuesto ayer por la Cámara Federal. Mientras tanto, el expediente sigue el nuevo camino trazado: hoy se sorteará el nuevo juez.

Argumentos de los camaristas

• "Se ha otorgado una intervención sui generis a un equipo de contadores del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -cuyos alcances resultaron desconocidos para las partes-, impidiéndose a las defensas ejercer el debido control de las medidas de prueba" (Eduardo Freiler)
• "La medida dispuesta por el Dr. Bonadio, tal como las partes lo alegaron, ha causado una violación a su derecho constitucional de defensa en juicio [...] Si bien oportunamente voté por rechazar la recusación del Dr. Bonadio formulada por la defensa técnica de Romina Mercado, la situación que se plantea ahora me inclina, en esta ocasión, por acompañar la posición de mi colega en cuanto al apartamiento del juez de la anterior instancia" (Jorge Ballestero)