Con eso se producirá una señal de fondo sobre la estrategia con la que el ministro de Economía, Axel Kicillof, emitió deuda propia para intentar sortear con ello las limitaciones de financiamiento que impuso el fallo adverso de los tribunales norteamericanos.

La nueva instancia quedó expresada en una orden de apenas dos líneas con la que el juez Thomas Griesa convocó ayer a una nueva audiencia de partes para decidir en la cuestión. La cita es el 12 del mes próximo, a las 14.

Se espera que allí el magistrado escuche los argumentos de las partes sobre el pedido del fondo Aurelius para que los Bonar 2024, con los que el gobierno obtuvo cerca de US$ 400 millones, también sean considerados deuda externa.

Se trata de una disputa de fondo. El gobierno de Cristina Kirchner sostiene que esos bonos son deuda doméstica, emitida bajo ley argentina y, por tanto, fuera de jurisdicción para el tribunal de Griesa.

Los demandantes vienen afirmando exactamente lo contrario. Esto es, que se trata de papeles que la Argentina negocia en el exterior mediante entidades bancarias y que, por lo tanto, están sujetos a jurisdicción internacional.

Lo que hará el juez será escuchar a las partes. Es poco probable que emita una decisión ese mismo día, pero sí puso en marcha el mecanismo para llegar a esa instancia.

El que lleva la iniciativa en esto es el fondo Aurelius. Sus directivos se hacen eco de la interpretación que hizo Griesa de la cláusula del pari passu, según la cual ningún acreedor de papeles de la Argentina puede cobrar sus intereses ni capital si antes no cobran los beneficiarios de ese fallo.

La decisión del pari passu llevó al país a un default selectivo. Para sortear los problemas de financiamiento que eso conlleva, el Gobierno emitió varias series de papeles domésticos, en un mercado que, sin embargo, los analistas consideran sumamente acotado.

Aún así, si el juez llega a fallar en el sentido de incluir esos papeles como deuda externa, el Gobierno se quedaría sin un instrumento para el financiamiento.

La cuestión llega en momentos en que la estrategia por seguir frente a los llamados fondos buitre irrumpe con fuerza en la campaña política. Y lo convierte en la otra cara del entusiasmo con que, apenas días atrás, el Gobierno celebró nuevos pasos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para elaborar una política que intente limitar la intervención de los fondos en procesos judiciales como los que enfrenta el país.

Lo que ocurrió fue que un comité especial de la organización aprobó una serie de principios y enunciados con los que se procura limitar, en el nivel internacional, la posibilidad de que esos fondos obtengan mediante fallos judiciales condiciones de pago de deuda soberana que erosionen la negociación de acreencias en que incurren gobiernos que incumplieron sus obligaciones de pago.

"El paso dado en las Naciones Unidas constituye un logro histórico", sostuvo la Cancillería, que conduce Héctor Timerman.

Operadores de mercado coinciden, sin embargo, en que aun en caso de que ese instrumento prospere en el futuro, difícilmente tenga efectos concretos en el problema en el que se encuentra el país ante los fallos firmes que ya obtuvieron los demandantes.

Por lo pronto, el 12 comenzará una delicada puja a la que, sin embargo, Economía asegura llegar "con toda tranquilidad".

Días atrás, cuando el juez Griesa abrió la puerta al reclamo buitre contra los Bonar, voceros de la cartera admitieron a LA NACION que se estudiarían "los pasos por seguir", pero que no había razón para inquietud alguna..