Este mes, a diferencia de los anteriores, además de marcar un sólido repunte, indicaría que las compras de dólar ahorro –superan los US$ 500 millones– no se estarían destinando a aumentar la oferta en el mercado paralelo de cambios.

El ya famoso “puré” minorista de comprar dólares ahorro a $ 11,11 para venderlos en el “blue” a $ 15 no se estaría registrando con la fluidez que lo hacía. El motivo es obvio: buena parte de los compradores de divisas creen que el peso soportará alguna depreciación desde ahora hasta marzo del año próximo cuando el próximo Gobierno ya habrá desplegado buena parte de su batería inicial de medidas.

En el intento de combatir esa expectativa, y simultáneamente para atornillar el dólar oficial (ayer en $ 9,26) y dar señales claras de que no habrá una devaluación, el Banco Central dispuso una fuerte baja del precio del dólar futuro.

Ayer, el Central vendía dólares a fin de año a un precio de $ 9,89, o sea sólo 6,8% arriba del precio de ayer, y para marzo del año próximo a $ 10,58, un 14% por encima.

La apuesta del Gobierno es venderles seguros de cambio a empresas, bancos y particulares para aquietar las aguas cambiarias aún cuando pueda llegar a perder muchos pesos que, como es obvio, deberá pagar la futura administración.

Si a fin de año el dólar oficial cuesta menos de los mencionados $ 9,89, el Central ganará. Si está por encima, perderá pero la cuenta la pagará otro.

En términos de otorgar seguros de cambio, el tandem Kicillof–Vanoli se lanzó a ofrecer unos Bonad 2017 que pagan en pesos y el rendimiento esta ligado a lo que pase con el dólar oficial.

Los compradores demostraron mucho interés, al punto que pagaron 6 dólares más por cada lámina de 100, lo que demuestra una fuerte apuesta a que desde ahora al 2017 la devaluación del peso les deje una ganancia muy superior a los 6 dólares de más que pagaron ayer.

Para el Gobierno, vender bonos atados al dólar oficial es muy fácil porque también lo hace en el entendimiento que en algún momento del mediano plazo la Argentina deberá abandonar la situación de atraso cambiario que se profundiza en los últimos años y que aparece agravada por el cambio en el contexto internacional.

El Gobierno sigue ralentizando la suba del dólar oficial con obvios motivos electorales.

Los candidatos oficialistas, desde Daniel Scioli en la Nación hasta Aníbal Fernández en la Provincia, destacan que lo único que haría una devaluación es bajar el poder de compra de los salarios porque la meta es ganar, y después se verá.

No están para mirar en estos días que en Brasil el costo bruto de una hora hombre en el caso de un obrero industrial está en 14 dólares mientras que en la Argentina ronda los 24. La necesidad de recuperar competitividad está lejos de ser prioritaria hoy para el Gobierno.

Tampoco se mira lo que está pasando con los precios de las materias primas a nivel mundial después de que China devaluó el yuan y el dólar se siguió fortaleciendo en el mundo.

Ayer, volvió a caer el petróleo y el barril costaba US$ 41, un precio que, de mantenerse, achataría en forma notable muchas de las expectativas que giran en torno de que el shale gas del yacimiento de Vaca Muerta pudiese surgir con fuerza cómo proveedor de los dólares que el país necesitará para pensar en volver a crecer.

Los expertos siguen diciendo, aunque en voz baja, que con un barril por debajo de US$ 60 las posibilidades de Vaca Muerta se presentan muy esmeriladas.

Ya antes de la devaluación del yuan chino –en la semana pasada–, el mundo y la región habían comenzado a adecuarse al fortalecimiento de la moneda estadounidense.

En el gráfico adjunto se nota cómo el peso argentino prácticamente no se movió respecto del dólar desde enero de 2013, mientras que el euro, el peso chileno, el yen japonés y el real brasileño se depreciaron en búsqueda de una mayor competitividad.

No se trata de una situación del “1 a 1”, pero los productores de las economías regionales bien podrían hablar de los costos de la política de atraso cambiario en los últimos años del kirchnerismo.

Además de la mayor debilidad relativa en que está ahora la Argentina frente a las exportaciones brasileñas, los cambios del panorama internacional acelerarán la resolución de otros problemas serios que dejará el Gobierno como herencia.

El que surge con más nitidez es el de la necesidad que tendrá el próximo gobierno de llegar a un acuerdo con los fondos buitre y resolver el diferendo planteado por el juez Thomas Griessa de Nueva York.

Con la soja en US$ 335 la tonelada (hace un año era US$ 482), el petróleo en US$ 41 el barril (US$ 96, un año atrás) y Brasil devaluando con intensidad y en recesión, la Argentina deberá ser muy eficiente a la hora de plantearse cómo aumentar sus exportaciones.

Sin más dólares por la exportación, la necesidad de lo que los economistas llaman “abrir la cuenta capital”, o sea volver a tomar deuda en el mercado financiero internacional, aumenta aceleradamente.

Hoy la deuda consolidada con los fondos buitre se calcula en US$ 22.000 millones que se podría atender con bonos de largo plazo pero que exigirá una negociación muy ríspida.

Además, el Congreso debería modificar dos leyes, la del cerrojo y la de pago soberano, que hoy impiden llegar a cualquier acuerdo.

La economía argentina está ante un cambio después de un tiempo de atraso cambiario evidente y un déficit fiscal creciente.

Aún no se sabe hacia adonde irá el cambio y con qué intensidad pero, según dicen economistas cerca y lejos del poder, lo único seguro es que el esquema de 2015 en el que el dólar crece al 13% y los salarios al 30% no se repetirá en 2016. Seguro.