Se trata de un fallo de octubre pasado, pero que hasta ahora no había trascendido, de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La decisión choca con el argumento de la empresa al buscar inversores extranjeros como Chevron, entre otros, ante quien cedió la jurisdicción de los tribunales locales por eventuales conflictos legales.

La sala resolvió hacer lugar a la medida cautelar pedida por YPF para suspender el fallo del arbitraje internacional, que les había dado la razón a los demandantes, AES Uruguaiana y TGM, que iniciaron su reclamo por el recorte de la provisión de gas por parte de la firma argentina. Las empresas expresaron que sin ese combustible no pudo funcionar una nueva planta que construyeron en territorio brasileño.

Como los árbitros ya les habían dado la razón a los demandantes, YPF pidió la nulidad en la justicia local (primero en la comercial y luego en el fuero contencioso administrativo) y los jueces Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti le dieron la razón en forma categórica. Al recordar los argumentos del expediente tramitado en la justicia en lo comercial, los jueces indicaron que la ley 26.741, que declaró de interés nacional el logro de autoabastecimiento de hidrocarburos y una serie de decretos significaron "dejar atrás el proceso de transformación empresaria y privatización empresaria y privatización del capital de YPF de los años 90 y el consecuente carácter de persona de derecho privado de la empresa".

Por lo tanto, según los jueces, se evidencia "en la actualidad y a su respecto la existencia de un indudable interés estatal".

La segunda cuestión es que "las cuestiones involucradas en el caso se vinculaban con el régimen de explotación de hidrocarburos, de clara naturaleza federal", por lo que "la competencia para decidir debía atribuirse a esta justicia en lo contencioso administrativo federal". También se cuestionó la magnitud de la demanda, que asciende a US$ 1600 millones, al afirmar YPF que si tuviera que pagar ese monto "se afectarían seriamente el desenvolvimiento y las inversiones de YPF, agravando el actual déficit energético".

Pero un argumento similar podría ser utilizado en caso de que YPF incumpla cualquier otro contrato en el futuro, por la provisión de energía o la emisión de un bono, sobre todo si se tomara en cuenta el hecho de que la empresa cotiza en Nueva York.

Fuentes de la petrolera argentina confirmaron a LA NACION que "la Cámara se declaró competente en octubre de 2014 para examinar el recurso de YPF para resolver el caso en el marco de la justicia argentina (fuero contencioso administrativo) y, al mismo tiempo, hacer lugar a una medida cautelar para suspender el calendario procesal de la segunda etapa del arbitraje".

De esta manera, este conflicto se dirime actualmente a través de tres vías paralelas: el tribunal internacional -que en noviembre podría concretar una audiencia en la que determinaría el dinero que deberá pagar YPF-, la causa en lo contencioso administrativo argentino y, por último, un expediente abierto en Uruguay. Este último se debe a que los demandantes recurrieron al planteo de YPF de suspender el arbitraje y la justicia uruguaya lo aceptó..