Por: Carlos Burgueño - La Argentina defendió el jueves pasado, y con múltiples argumentos, la colocación de abril pasado del Bonar 24 para intentar que Thomas Griesa no avance sobre potenciales embargos sobre el título público. Lo hizo a través de un escrito de 30 páginas presentado a última hora del 27 de agosto, y firmado por Carmine Bocuzzi, uno de los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) que representa al país; y al que tuvo acceso este diario. En el papel se exponen las explicaciones según las cuales para el país se trata de un título público emitido bajo jurisdicción argentina; y, por lo cual, absolutamente soberano para potenciales aplicaciones de la cláusula "pari passu". Pero además CGS&H reconoce que para la colocación del Bonar 24, intervino"indirectamente" el Deutsche Bank; y que hubo reuniones con algunos fondos de inversión (algunos de ellos calificados como "buitres" por parte de algunos funcionarios del país), para garantizar el éxito de la operación. En todos los casos, la Argentina asegura que las operación se realizó sin que haya intervenido ningún agente financiero, fuera del propio Ministerio de Economía de Axel Kicillof. 

Ahora Griesa tendrá 10 días para definir si avanza con potenciales embargos contra el país, por la operación del Bonar 24; además de la potencial aplicación de la instancia Discovery para decidir sobre qué eventuales bienes físicos o financieros aplicaría esos embargos. El 12 de agosto pasado Griesa no dejó un buen precedente sobre sus intenciones y sancionó a la Argentina por no haber facilitado a los fondos de inversión con los que se enfrenta en Nueva York información sobre sus activos en EE.UU. con vistas a posibles embargos. Desde el estudio CGS&H se asegura que ya no queda ningún activo embargable, y que tanto las sociedades con presencia del Estado nacional como YPF o Enarsa están bajo protección por la jurisdicción estadounidense que protege las acciones de las compañías de potenciales embargos (sean o no propiedad de un privado o el Estado); así como el dinero que el BCRA tenga depositado en el sistema financiero de EE.UU., también por fallos anteriores que los protegen. 

Según el escrito presentado el jueves pasado por CGS&H, todas las operaciones de venta del Bonar 24 por un total de u$s 5.300 millones, fueron realizadas bajo la jurisdicción argentina; y sólo fueron vendidas en el "mercado secundario" fuera del país. Con esto, para Bocuzzi, no se podría aplicar la cláusula "pari passu", ya que no se trata de deuda colocada en los Estados Unidos, aunque hayan intervenido luego entidades financieras con sede u oficinas en ese país. "El foco es puesto luego en la emisión del Bonar 24 en abril de este año por un total de u$s 1.400 millones; y que derivó en un ataque de furia conjunto tanto de parte de los fondos buitre como de Griesa, según se comprobó este mes en su Corte. Aurelius, el fondo que inicializó las protestas por esta operación, se presentó ante el juez para reclamar la declaración de "ilegalidad" de la colocación; cuestión que probablemente el juez avale dentro de 10 días cuando emita su fallo sobre el tema. Lo que tendrá que resolverse luego es si Griesa decide aplicar la Discovery o la deja en suspenso. 

En su escrito primario Aurelius afirmó que intervinieron en la operación el Deutsche Bank y el BBVA Banco Francés. Hasta el escrito del jueves pasado, la Argentina había desmentido tajantemente que las dos entidades financieras haya participado; y que, en todo caso, lo hicieron luego de comprar los bonos para luego recolocarlos en los diferentes mercados. En el escrito firmado por Bocuzzi, la Argentina rechaza las acusaciones de Aurelius sobre la intervención del Deutsche Bank como agente financiero, pero reconoce que hubo reuniones con la entidad y con el BBVA Banco Francés; y que los dos bancos compraron bonos en abril de 2015 en Buenos Aires. 

En el escrito, la Argentina también reconoce que en diciembre de 2014 hubo encuentros en Londres y Nueva York entre el secretario de Finanzas Pablo López y representantes de los fondos de inversión Marathon, BlackRock, Centerbridge y Knighthead; pero descartando que en esos encuentros se haya hablado de la operación de Boden 2014. Marathon había sido señalado por Aurelius como participante primario de la colocación, junto con el Deutsche Bank y el BBVA Francés. BlackRock fue acusado de fondo buitre por parte del Gobierno al haber sido uno de los propietarios de la imprenta Donnelley, que luego abandonaron el país. Knighthead había sido el fondo de inversión beneficiado por el juez británico Guy Newey en noviembre del año pasado, que liberó el pago de los intereses de la deuda argentina emitida en Londres luego del default de 2001; en un fallo positivo que incluía también al fondo Queantum de George Soros por unos u$s 280 millones. 

Todas estas reuniones reconocidas ahora por la Argentina (Deustche Bank, BBVA Francés, BlackRock, Marathon y Knighthead) habían sido hasta ahora negadas tanto por el Ministerio de Economía de Axel Kicillof como por las entidades financieras. Sin embargo, según el escrito firmado por Bocuzzi, se aclara que en toda la operación del Bonar 24 no hubo intervenciones en ninguno de estos casos como colocadores primarios del bono; y que, en todo caso, lo que existió es la compra masiva de ese bono por parte de los mencionados y luego colocaciones en los diferentes mercados "secundarios", incluyendo Wall Street. De alguna manera los abogados de los fondos buitre se enteraron de estas participaciones, y obligaron a incluir el párrafo aclaratorio en el escrito que se le presentó a Griesa.