El ministro Axel Kicillof viajó anoche a Nueva York para la votación de la resolución que condena el proceder de los fondos buitre y busca crear un marco legal para la reestructuración de las deudas soberanas, según informó el Palacio de Hacienda a la agencia Télam. La iniciativa busca que, como en la reestructuración de las deudas entre privados, si una mayoría acepta el arreglo propuesto por el deudor (en estos casos, un gobierno), el resto debe acogerse a esa decisión, e impide que se siga litigando ante tribunales particulares.

Así, el Gobierno, que se siente fuerte al estar acompañado por países en desarrollo y por economistas heterodoxos, olvida que, al negociar con los bonistas en default, no quiso aceptar un marco de regulación de deuda porque no confiaba en los posibles árbitros -una chance era que actuara el Fondo Monetario Internacional (FMI) en ese rol- y porque tenía el respaldo explícito del gobierno republicano de George W. Bush para tener éxito.

Ese apoyo se verbalizó en la reunión que Bush tuvo con el entonces presidente Néstor Kirchner el 23 de junio de 2003 en la Casa Blanca y en sucesivas declaraciones de los principales funcionarios del Tesoro de ese país, Paul O'Neill y John Taylor.

Regía en aquel momento la doctrina contraria a los "salvatajes" de los 90, porque Bush creía que Wall Street debía afrontar las pérdidas generadas por países o empresas que previamente habían generado altos rendimientos previos a los inversores.

De allí que el gobierno argentino pudiera justificar su intención de imponer una fuerte quita a los bonistas privados sin que el Tesoro norteamericano se opusiera, mientras el FMI vivía un momento de crisis, ya que los republicanos hasta pensaron en disolverlo. La Argentina aprovechó ese contexto de confusión para imponer una quita sin precedente a los acreedores privados, cercana al 70%, en el canje de 2005, que luego reiteró casi sin cambios en 2010, aunque no pudo sellar el problema del default hasta ahora.

Leonardo Madcur, ex secretario de Coordinación del equipo económico de Roberto Lavagna, dijo a LA NACION que "es mejor tener elementos contractuales como el pari passu reformulado o las cláusulas de acción colectiva (CAC) que un juez suprasoberano, como en su momento se intentó imponer para la Argentina". Según Madcur, "aunque la Organización de las Naciones Unidas fuese más independiente que el FMI de los acreedores o de los banqueros, no tiene el expertise para implementar estos mecanismos".

Al respecto, el ex secretario de Finanzas de aquel equipo Guillermo Nielsen -líder técnico del canje- sostuvo que "el FMI actuaba como árbitro de facto, pero el mecanismo de quiebras soberanas que proponía implicaba una cesión de soberanía que ningún país estaba dispuesto a aceptar, porque algunos gobiernos, como Estados Unidos, pensaban que algún día podían verse en el lugar de los acusados, y por eso fracasó".

La impulsora del mecanismo era la entonces número dos del Fondo, Anne Krueger, fuerte crítica de las políticas aplicadas por la Argentina tras la salida de la convertibilidad.

En cuanto al voto de hoy, Nielsen dijo que "es un ejercicio de relaciones públicas sofisticado que al Gobierno le ha salido bien, pero que en los hechos no sirve para nada".

Por su parte, el ex secretario de Finanzas Daniel Marx dijo que "la Argentina se oponía a un mecanismo de quiebras soberano porque pensaba que no llegaría al porcentaje mínimo de adhesión, que en aquel momento se estimaba en un 65%, y por lo tanto sería un mal precedente aceptarlo". Con relación al esquema analizado por la ONU, Marx dijo que "podría servir, pero la clave es qué fuerza legal tiene ante un juzgado".

En tanto, su colega Miguel Kiguel dijo que "la Argentina no aceptó ningún marco porque no confiaba en la ecuanimidad de ninguna institución", y consideró que, más que pensar un marco, hay que tomar en cuenta "la ejecución, porque cuando se emita un bono, se emitirá con determinada ley".