Al mismo tiempo, afirman los representantes del país, el hecho de que Burford haya comprado exclusivamente los derechos del Grupo Petersen para iniciar un reclamo legal viola la doctrina Champerty vigente en la legislación de Nueva York, que busca evitar que un inversor compre un juicio con el compromiso de, en caso de éxito, pagarle en parte al demandante original.

Según trascendió, Burford adquirió el reclamo del Grupo Petersen por 15 millones de euros y con la promesa de pagarle un 30% de lo que reciba en caso de éxito.

Ya la semana pasada habían trascendido documentos presentados ante la corte de Nueva York en los que los abogados de la Argentina anticipaban su reclamo. Lo mismo de parte de YPF, la otra demandada en este caso.

Abogados que siguen de cerca el litigio en la Corte de Nueva York estiman que el juicio por YPF podría estar valuado en US$ 3500 millones de dólares, que es aproximadamente la cifra que pagó en su momento la familia Eskenazi, dueña del Grupo Petersen, por el 25% de las acciones que tenía en la petrolera argentina.

Las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora, en rigor las dos que figuran como demandantes en el juicio que sigue el juez Griesa, quebraron después de que no pudieron repagar los créditos con los cuales habían financiado su ingreso a YPF. Tras la estatización del 51% que la española Repsol tenía en la petrolera argentina, el Gobierno impidió que Petersen siguiera girando dividendos que recibía como accionista de YPF para repagar sus deudas en el exterior.

Según informó la agencia Debt Wire, la deuda total de Petersen Compañía Inversora sumaría al momento unos 822 millones de euros, mientras que la de Petersen Sociedad Anónima ascendería a otros 974 millones de euros. Las empresas del grupo Petersen están en liquidación desde septiembre de 2014.

UN EXPERTO EN LITIGIOS

Burford Capital no sólo lleva adelante el juicio por YPF, sino que también es el estudio que, según informó esta semana el Gobierno, compró la demanda en contra del país que el Grupo Marsans, ex controlante de Aerolíneas Argentinas y Austral, había iniciado ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció el lunes un presunto fraude contra el Estado por parte del Grupo Marsans y contra Burford Capital.

Gonella denunció que "se encontró un contrato entre Marsans y Burford, donde el fondo buitre le compra al grupo español el juicio que está llevando ante el Ciadi por unos US$ 1600 millones". La Procelac sostiene que el procedimiento de los demandantes contra la Argentina encubre una posible defraudación por estafa procesal debido que Marsans le cedió el juicio a Burford antes de la quiebra..