Las circunstancias económicas de la Argentina son más favorables de lo que podía imaginarse cuando el país entró en default, hace poco más de tres años. De todos modos, el gobierno de Néstor Kirchner trata de imponer durísimas condiciones en la reestructuración de obligaciones por valor de 80.000 millones de dólares. Y no debe hacerse ilusiones ya que, si no puede lograr una abrumadora aceptación por parte del mercado, esto acarreará severos costos económicos.

Con un valor presente neto de sólo 32 centavos por cada dólar, la propuesta es mucho más mezquina que la ofrecida por Pakistán, Rusia, Ecuador y Uruguay en reestructuraciones similares. La Argentina puede permitirse más. La economía ha crecido más de 8% en cada uno de los dos últimos años. El año pasado, el país registró un superávit fiscal primario de 4% y un superávit de cuenta corriente de casi 3% del PIB. En realidad, el Banco Central ha intervenido de manera regular para evitar que el peso se apreciara y las reservas se han más que duplicado desde agosto de 2002 y están en más de u$s 20.000 millones.

Algunos acreedores decidirán buscar resarcimiento en los tribunales, pero se espera que la mayoría opte por cortar por lo sano. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional debe mantenerse firme. Pese a que en agosto último se suspendió el acuerdo existente, el poder de influencia que conserva el FMI es considerable. Este año, la Argentina enfrenta un marcado incremento en los pagos y es probable que prefiera refinanciar sus deudas con el Fondo. El país no ha negociado de buena fe con sus acreedores y también está fuera de rumbo en cuanto a sus compromisos de reforma. El FMI debería negarse a llegar a un nuevo acuerdo a menos que una mayoría clara de acreedores acepte la oferta argentina.

Negarle nueva financiación perjudicará a los acreedores: si la Argentina le paga al Fondo, tendrá menos dinero para pagarles a ellos. Pero está en juego la credibilidad del Fondo. Su juicio tácito sobre el acuerdo de deuda influirá en cómo los inversores perciben los riesgos de los emergentes. Si la Argentina logra imponer su propuesta actual en contra de los deseos de un número significativo de acreedores, esto se verá como una reducción en la penalización por cesación de pagos.

A su vez, esto puede llevar a los inversores a pensar que los defaults van a ser más comunes, por lo que pedirían primas de riesgo más altas. Aunque dada la abundante liquidez global actual esto parezca fantasioso, las condiciones financieras internacionales no serán siempre tan favorables como hoy. Un acuerdo mal hecho también será desventajoso para la Argentina. Incluso con un nivel de aceptación de 70%, quedaría deuda por valor de u$s 24.000 millones sujeta a potenciales litigios en los tribunales estadounidenses. Y el gobierno todavía tiene que enfrentar una serie de problemas económicos estructurales. Los bancos y las empresas de servicios públicos siguen poco capitalizados y se invierte demasiado poco, aunque muchas empresas operan cerca de su capacidad. Si la Argentina pierde el acceso al capital extranjero, su actual mejoría económica puede tener una vida corta.