Los fondos buitre insistieron ayer que están dispuestos a cobrar su fallo a favor por u$s 1700 millones en cuotas, a prorrata de los pagos de deuda reestructurada, en una audiencia convocada por el juez de Nueva York Thomas Griesa para dirimir si los acreedores "me too" serían incluidos en la sentencia contra el país, que superaría así los u$s 8000 millones.
El abogado del fondo de Paul Singer NML Capital, Robert Cohen, reiteró ante el juez y los abogados de Cleary Gottlieb, que representan a Argentina, su propuesta de pago "ratable" o "trato igualitario". "Si Argentina paga a los (tenedores de bonos) reestructurados el 100%, el 75% o el 20% de la deuda, que pague lo mismo a los demás bonistas", propuso, según consignó la agencia EFE.
La misma propuesta había hecho Cohen en un escrito presentado a comienzos de octubre a Griesa, en lo que significó el primer movimiento de los holdouts para cobrar sus acreencias en cuotas.
Griesa convocó a una audiencia para determinar si sumaría al reclamo original a unos 60 acreedores "me too", que quieren el mismo trato que recibieron NML Capital, Aurelius, Olifant y otros bonistas con títulos en default y que obtuvieron un fallo a favor por la cláusula de "pari passu" o tratamiento igualitario de sus bonos en default. Esos acreedores suman algo más de u$s 6000 millones, que estirarían el fallo hasta u$s 8000 millones. Buena parte de esos nuevos litigios corresponden a los mismos demandantes que ganaron el juicio, con NML Capital a la cabeza.
Argentina, por medio de su abogado Carmine Boccuzzi, reiteró lo que había planteado en los escritos previos. Sumar esos reclamos elevarían el monto a 
u$s 8000 millones, lo que "complicaría aún más las cosas". El letrado sostuvo que las nuevas demandas corresponden a los mismos acreedores, que buscan tener más poder para "bloquear cualquier tipo de acuerdo".
Para Cohen, el abogado de NML Capital, plantear que Argentina no tiene fondos no tiene sentido, porque "es un país que forma parte del G-20" y llegó a otros acuerdos con sus acreedores, entre los que citó el pago a Repsol por la estatización de YPF y la negociación con los países miembros del Club de París.
Griesa dio fin a la audiencia sin llegar a ninguna determinación y definiría si acopla a los ‘me too’ al reclamo original en diez días. El magistrado convalidó que la deuda treparía así a los u$s 8000 millones.
Entre bostezos, siguió la audiencia el Special Master que Griesa designó para negociar le pago de la sentencia, Daniel Pollack, repudiado por Argentina. El juez instó a las partes a volver a las oficinas del mediador.
La contienda entre el país y los fondos buitre no se toma un respiro electoral. El próximo viernes, Argentina deberá presentar argumentos para explicar por qué no entrega información reclamada por los buitres, en la causa accesoria llamada Discovery. Los holdouts reclamaron datos sobre activos argentinos susceptibles de embargo y Griesa compelió al país a presentarlos.
Los fondos buitre esperan ansiosos el cambio de gobierno para sentarse a negociar con la próxima gestión, pero insistirán hasta entonces con sus demandas, con las que esperan llegar mejor posicionados y resistir las quitas de entre 30 y 40% que esperan obtener tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri.