Por Ricardo Etchegaray - El próximo 27 de noviembre, con la reciente aprobación por parte del Parlamento suizo y la consiguiente confirmación diplomática de la conclusión de los procedimientos de aprobación internos en Suiza, entrará en vigor el nuevo convenio entre la Argentina y Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.

En la Argentina, dicho instrumento ya fue aprobado por Ley N° 27.010, publicada el 11 de diciembre de 2014, revelando el tratamiento expeditivo con que el acuerdo fuera tratado por el Congreso nacional, con miras a fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones.

Este convenio, suscripto en la ciudad de Berna el 20 de marzo de 2014, se enmarca en el trabajo desarrollado por la Comisión Evaluadora y Revisora de Convenios para Evitar la Doble Imposición, en el contexto de la estrategia de transparencia fiscal impulsada por el Gobierno nacional desde 2009 y las recomendaciones del G-20 sobre la exigencia de un comportamiento fiscal responsable.

Recordemos que la Argentina dio inicio a un significativo proceso de evaluación y revisión de sus objetivos de política tributaria internacional, a fin de analizar los convenios internacionales respecto a su impacto en la tributación nacional, así como la posibilidad de que su aplicación conduzca a la doble no tributación en virtud de la legislación doméstica. 

Así es que en el caso de Suiza, en virtud de los efectos impositivos desfavorables a los intereses del Fisco argentino resultantes de su aplicación, el 16 de enero de 2012 se había comunicado a las autoridades suizas la intención de la Argentina de no continuar con la aplicación provisional del Convenio anterior.

Dicho convenio, suscripto el 23 de abril de 1997, modificado el 23 de noviembre de 2000, con aplicación provisional a partir del 1 de enero de 2001 de acuerdo con el Protocolo Adicional que así lo estipulaba, no permitía gravar ciertas rentas y patrimonios en nuestro país, siendo sus disposiciones utilizadas para eludir la justa tributación a través de la triangulación de operaciones, aprovechando el limitado intercambio de información fiscal que el tratado presentaba.

El nuevo acuerdo importó un giro radical a la problemática expuesta: contempla la potestad para la Argentina de aplicar retenciones por pagos de regalías a empresas suizas y permite la imposición de las acciones y participaciones sociales con impuestos patrimoniales. 

También, se elimina la cláusula de la nación más favorecida, que comprometía los tratamientos que pudieran acordarse con terceros países en futuras negociaciones de convenios tributarios y se establece una cláusula general antiabuso, a fin de que residentes de terceros países no se aprovechen indebidamente de los beneficios del Convenio mediante la estructuración de planificaciones fiscales abusivas que resulten en una doble no imposición.

Finalmente, se habilita el intercambio de información fiscal a requerimiento de las administraciones tributarias, con la incorporación de una minuta con el compromiso para implementar el intercambio automático cuando el mismo sea definido como estándar internacional.

Se confirma así el compromiso de la Argentina y Suiza hacia la transparencia fiscal internacional y su lucha contra la evasión, situación que ya se vio reflejada en la adhesión de ambos países a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y el Consejo de Europa tanto como al estándar global de intercambio automático de información sobre cuentas financieras.

Este camino, que empezó en enero de 2012, demandó un gran esfuerzo por parte de ambas naciones, sin embargo, hemos logrado un acuerdo que responde a los estándares internacionales. 

Suiza es un socio comercial estratégico, se trata del sexto inversor directo de nuestro país y el tercer destino de las inversiones financieras de los residentes argentinos. Además hay en la Argentina 80 empresas con casa matriz en Suiza, que brindan empleo directo a más de 30.000 trabajadores.

Este instrumento representa una herramienta vital para consolidar las relaciones económicas, fomentar las inversiones y alentar la creación de nuevos puestos de trabajo en un marco de seguridad jurídica y previsibilidad.