Martín Kanenguiser - Las aseguradoras privadas y cooperativas decidieron resistir en bloque y no se desprenderán del 25% de los títulos en dólares que debían vender hasta hoy por disposición del Gobierno, al considerar que, de hacerlo, sufrirían un fuerte perjuicio patrimonial y que es una norma ilegal.

Así lo expresaron a LA NACION tres calificadas fuentes del sector asegurador, que indicaron que, pese a las fuertes presiones oficiales, las compañías "no venderán" la mitad de la cartera y, tras haber recurrido por la vía administrativa a la Superintendencia de Seguros, irán a la justicia en lo contencioso administrativo para pedir amparos.

Las asociaciones que analizaron la cuestión son la Asociación Argentina de Seguros, Aseguradores Argentinos, Avira, UART, Adira (que agrupa a las firmas de las provincias) y la de mutuales y cooperativas. Todas ya optaron por presentar recursos administrativos ante el organismo que maneja Juan Bontempo por la resolución 39.517, que las obliga a deshacerse antes de fin de año de todos los títulos en dólares, con el objeto de bajar la cotización del dólar paralelo y el "contado con liqui". Hasta tal punto llegó el fanatismo del Gobierno que les exigió a las empresas que vendan los bonos en pesos atados a la cotización del dólar que les había pedido que suscribieran hace sólo dos semanas, como a otras empresas del sector privado.

La decisión adoptada en los últimos días fue unánime, según las fuentes. "No se venderán los títulos porque nadie puede obligar a las empresas a asumir pérdidas que pongan en riesgo a los asegurados", indicó uno de los ejecutivos. Incluso la empresa Provincia Seguros, del oficialista Grupo Bapro, se sumó al reclamo.

Es que si se produjera un quebranto, cualquier persona podría ir contra la compañía que decidió aceptar esta decisión administrativa de un gobierno que en un mes dejará el poder. "Ningún directivo de una aseguradora se va a jugar a firmar algo que después pueda generar un juicio por parte de un asegurado", confió otra de las fuentes.

Desde la Superintendencia les aseguran a las empresas que están "atados de pies y manos" por la orden del Ministerio de Economía, que maneja Axel Kicillof, en esta batalla contra el dólar -que en realidad tiene sus raíces en otro lado- y por lo tanto ya les anticiparon que rechazarán todos los recursos administrativos presentados. Además, la Superintendencia comenzó a "enviar inspectores para revisar cualquier cosa, a modo de presión", explicó la fuente.

Ante este panorama, las empresas en forma individual -ya no las cámaras- se presentarán en el fuero en lo contencioso administrativo para pedir medidas cautelares, al considerar que la mencionada resolución es ilegal porque violaría el artículo 35° de la ley de seguros, que les otorga libertad para invertir en cualquier activo. Además, también se contradice con el inciso K instaurado por el propio Gobierno, que las obliga a colocar parte de su dinero en bonos públicos en dólares.

De hecho, en agosto pasado, Bontempo defendió esta estrategia: "No se puede hablar de que el organismo regulador afecta la solvencia por el inciso K", aseguró.

Aunque no prosperen estos recursos judiciales, las empresas creen que pueden ganar tiempo suficiente hasta el cambio de gobierno. A fin de noviembre las firmas deberían vender el 50% de los bonos, y al 31 de diciembre, el total de su cartera en moneda extranjera, salvo una porción destinada a atender pasivos previos, según la medida conocida la semana pasada por el Boletín Oficial.

"Hay compañías que tienen hasta US$ 700 millones en bonos, es un disparate que nos obliguen a vender los títulos porque además no hay activos alternativos en pesos que puedan amortizar semejante pérdida patrimonial, por más que la Superintendencia asegure lo contrario", explicó una de las fuentes.

LA NACION intentó sin éxito comunicarse con Bontempo, santacruceño casado con la diputada Juliana Di Tullio. Fue ministro de Economía de esa provincia y vicesuperintendente en la gestión de Francisco de Vedia, hasta asumir su cargo hace cuatro años.

Se trata de un "pingüino de pura cepa", que logró reinventarse tras mantener duros cruces con los ruralistas en el paro de 2008 y con los maestros de su provincia. Ahora, le toca una nueva batalla.