La intención era dictarlo antes de que el Presupuesto Nacional de 2016 fuese convertido en ley, cosa que ocurrió la semana pasada, porque ahí figura un cálculo final sobre los gastos de 2015 que ahora será desbordado largamente. Ese recálculo fue hecho hace apenas un par de meses y si el objetivo apuntaba a evitar el contraste, como en verdad apuntaba, la diferencia saltará inevitablemente.

El decretazo también revelará cómo han sido repartidos los fondos al interior del gabinete nacional; será de hecho un muestrario de premios y castigos, de ganadores y perdedores.

Unos pocos números marcan la secuencia que han seguido las erogaciones del Estado. Entre la versión original del Presupuesto de 2015 y el ajuste de mediados de septiembre, aumentaron en $ 119.000 millones de pesos, hasta 1,366 billones. Pero incluso computando mayores ingresos, para llegar al cierre estimado por algunas consultoras haría falta un DNU cercano a 100.000 millones de pesos.

También en septiembre, el propio Gobierno reconoció que había equivocado en $ 87.000 millones su proyección del déficit fiscal de este año. En unos días podrá comprobarse cuál ha sido la magnitud total del desequilibrio: bien medido, puede alcanzar a $ 350.000 millones, el mayor desde 1982.

Se habrá repedido, una vez más, la receta aplicada a lo largo de la era K. Las correcciones saltearán el Presupuesto aprobado por el Congreso y el Presupuesto será un dibujo al principio y letra muerta al cabo del ejercicio.

Por fuera de los malabares archiconocidos, asoman problemas concretos que urgen la sanción del decreto presidencial que coronará el fin de ciclo y aliviará la tarea del secretario de Hacienda, forzado a distribuir los fondos en cuentagotas, de semana en semana. 

Existen varios ministerios de los grandes cuyas partidas terminarán de agotarse en la segunda quincena de este mes, aunque en realidad ya estaban agotadas por completo en octubre. Fueron reforzadas sacándoles plata a otros organismos, o sea, apelando a los superpoderes.

Hay gastos programados en inversiones que por falta de recursos debieron ser parados y postergados para el año próximo; varios de ellos duplican al monto ejecutado en 2015. Suman cientos de millones de pesos las obras licitadas y adjudicadas que también han quedado en el limbo. Y abundan los funcionarios que han resuelto no poner sus firmas en cuestiones que pueden comprometerlos en el futuro cercano.

El temor a las demandas legales está muy extendido en la Administración Pública Nacional y allí el día viernes se ha convertido en poco menos que un feriado.

Dice el secretario de uno de esos ministerios: “Todo el mundo habla del déficit, del atraso cambiario o de las reservas. Pero desde contratos y compromisos no muy transparentes hasta deuda flotante, hay una cantidad de cosas metidas debajo de la alfombra que ni nosotros mismos conocemos y que llevará tiempo limpiar”. 

Habla, también, de los más de 25.000 empleados que este año fueron incorporados al Estado y poblaron los organismos más diversos, la mayor parte si no todos cuadros de La Cámpora. Y agrega: “Tal vez haya directores que puedan ser removidos de entrada, porque ingresaron sin concursos que justifiquen su idoneidad para el cargo. De todas maneras, ese será otro obstáculo para el gobierno que venga”.

Antes de ahora al menos, en campamentos de la oposición manejaron la alternativa de una ley de emergencia para el empleo público, de modo de sortear ciertos escollos legales. Probable o seguramente, requerirá alianzas parlamentarias muy fuertes. Eso no puede ser resuelto con un DNU estilo Cristina Kirchner.

La gran contienda tedrá lugar dentro del Banco Central y quizás no tanto por AlejandroVanoli, sino porque la mayoría del directorio responde a Axel Kicillof. Dos de ellos, nada menos que quienes manejan y vigilan los movimientos del sistema financiero, tienen mandato hasta 2019 y otros tres, hasta 2021. 

Será una batalla crucial, pues en cualquier política económica tomar rápidamente el control del BCRA es clave. Resultará imprescindible, además, calmar un clima interno que ha pasado de complejo a muy espeso.

Sin entrar en recovecos del poder, el IARAF, un instituto especializado en el análisis de las cuentas oficiales pone estos años en un contexto amplio. Para empezar, señala que desde 2004 y medido en relación al PBI el gasto público se ha más que duplicado y que el Estado ya representa casi el 38% de la economía.

Y a continuación señala más todavía. Como que de la suba del gasto apenas un 6% fue dirigido a inversión en obras de infraestructura, lo cual explica por sí solo el deterioro de algunos de los pilares sobre los cuales debe asentarse la actividad económica y habla bastante sobre el papel del Estado durante la era kirchnerista. Frente al 6% asignado a la inversión, el gasto en personal se llevó un 10%.

El grueso del incremento 2004-2015 fue a seguridad social, a subsidios que se agotan sin efectos productivos y al funcionamiento de la Administración Pública.

La operatoria completa muestra varios datos conocidos de sobra. Entre ellos, que un Estado fuerte, como pocas veces o nunca hubo, no equivale a un Estado eficiente y que el gasto puede ser gigantesco y a la vez incapaz de proveer bienes y servicios de calidad.

Sólo falta aguardar, ahora, el decretazo de la Presidenta o, más precisamente, la magnitud del decretazo. 

Así sea enorme, cambiará poco. Lo que ya hubo muestra cómo fueron administrados recursos sin precedentes: la famosa caja siempre útil a las necesidades del poder hipervertical, empezando por las políticos, que en cualquier hipótesis el cristikirchnerismo perderá a partir de 2016.