Por VERONICA DALTO - Un eventual gobierno de Mauricio Macri no sólo trataría de remover al presidente y al directorio del Banco Central (BCRA) apenas asuma, sino también a los funcionarios colocados por las gestiones desde Mercedes Marcó del Pont en adelante y aquellos de carrera que avalaron las políticas que un nuevo gobierno tratará de cambiar. Para más adelante, podrían removerse el personal no gerencial si no cumple con los requisitos de idoneidad.

Así lo explicaron fuentes cercanas al macrismo y del BCRA, ante la preocupación que ya reina en los pasillos de la entidad monetaria.

Se estima que en un gobierno de Cambiemos volarían los diez directores, con los doce síndicos y unos 35 asesores. Y unas 15 subgerencias y gerencias, identificadas con el kirchnerismo.

Los trabajadores del BCRA saben que no son considerados empleados públicos y no gozan de la estabilidad de su puesto de trabajo (tampoco los gerentes, a pesar de la responsabilidad, según fallos judiciales), por lo que una nueva administración puede despedirlos con una indemnización. En tanto, la Justicia también indicó que la discriminación política no se aplica en la remoción a funcionarios que hayan ingresado a un puesto jerárquico durante una gestión.

Además están preocupados por su futuro laboral los funcionarios de carrera que fueron ascendidos por esta gestión y convalidaron el cepo cambiario, las intervenciones en el mercado de futuros, las sanciones a entidades financieras y la remoción de los directivos de HSBC y Citibank, entre otras.

Muchos de ellos hoy están tratando de desmarcarse del gobierno kirchnerista, porque saben que aunque sean buenos profesionales, podrían ser "congelados" o corridos como asesores por convalidar decisiones criticadas por la oposición actual.

Dos ejemplos de personal de línea, capaz, pero que probablemente sean puestos a un costado en un gobierno macrista son el gerente General, Jorge Rodríguez, que hoy administra el cepo cambiario que un próximo gobierno tratará de quitar. Y el subgerente General de Operaciones, Agustín Torcassi, quien manejando la mesa de dinero convalidó presiones que generaron resquemor en los bancos.

Para remover a cualquiera de estos funcionarios, es necesario el control del directorio. Nueve de los directores tienen acuerdo del Senado, así que el vicepresidente de la entidad, Miguel Pesce, sería el más fácil de remover. El resto, así como el presidente de la entidad, Alejandro Vanoli, ya cuenta desde anteayer con una imputación en la Justicia por la venta de futuros baratos.

Más abajo están las 300 personas que ingresaron el último año. Algunas aprobaron un concurso, pero también se destacan los ingresos como analista del hijo de Vanoli, Facundo Vanoli Long.

Para ello, la gestión de Vanoli cambió en el primer trimestre de este año el período de dos semestres -los primeros seis meses a prueba- a seis meses -tres a prueba- para pasar a planta permanente, lo que permitió a las nuevas incorporaciones ser parte del plantel antes del cambio de gobierno.

La incertidumbre es que el macrismo no confirme estos contratos si considera que el concurso no fue bien llevado a cabo, no acuerda con el motivo de la selección o son considerados de la Cámpora. Aunque este personal podría ser defendido por el gremio.