|
A pedido de
los bancos BBVA, JP Morgan y Deutsche Bank, Griesa convocó a una audiencia para
el 17 de diciembre para escuchar los argumentos de las entidades financieras y
el fondo NML en una pelea por el acceso a información sensible sobre las últimas
colocaciones de ese bono que hizo el gobierno de Cristina Kirchner.
Los bancos y NML están encerrados desde hace meses en una puja
judicial. El fondo de Paul Singer ha presionado a las entidades para acceder a
información que le permita probar que el bono es "deuda externa"
argentina, y, por ende, debe quedar dentro del mandato judicial de Griesa que
prohíbe concretar pagos de la deuda a los bonistas reestructurados, a menos que
la Argentina cancele las sentencias a favor de los demandantes.
El último pedido de los litigantes
involucró datos sensibles: la identidad de los inversores que participaron de
las colocaciones del Bonar. Los bancos le hicieron saber a Griesa que esa
información era "altamente confidencial", y le reclamaron que anulara
los pedidos de los fondos buitre o, en su defecto, ordenara que fuera
disponible sólo para los abogados.
"El suministro de dicha información a los demandantes les daría
una idea de las estrategias de los clientes de JP Morgan, comportamientos
comerciales y la voluntad de buscar exposición al riesgo de la deuda
argentina", indicó JP Morgan en el último escrito que le presentó al juez.
"Los propios demandantes, por
supuesto, no revelan tal información sobre sus intereses comerciales; JP Morgan
no debe ser obligado a entregarles a ellos información sobre los intereses
comerciales de otros", agregaron los abogados de la entidad.
Para los
abogados de NML, este argumento de los bancos "no tiene sentido",
según uno de los escritos presentados ante Griesa, en parte porque "las
transacciones que pueden haber ocurrido hace meses o años serían irrelevantes
para futuras decisiones de inversión".
Si los fondos no logran acceder a
más información para convencer a Griesa de congelar los pagos del Bonar 2024 al
incluirlo en el mandato judicial de la causa "pari passu", el futuro
gobierno de Mauricio Macri podrá contar con ese canal para obtener
financiamiento fresco. Además, esa decisión podría darle mayor oxígeno al
futuro equipo económico a la hora de sentarse a negociar un acuerdo con los holdouts.
Un fallo en contra de la Argentina
que ponga en peligro las transferencias del Bonar 2024 fortalecería la posición
de los fondos buitre, que han buscado de manera insistente bloquear esos pagos.
Con todo, la pelea por el Bonar
podría pasar a un segundo plano o incluso ser irrelevante si un eventual inicio
de negociaciones en busca de un acuerdo que ponga punto final a la prolongada
puja por la deuda incluye, por orden de Griesa, una medida cautelar, o stay,
en la jerga judicial, que le permita al Gobierno salir del "default
técnico". La última vez que los abogados del país pidieron ese stay,
los demandantes exigieron que la Argentina hiciera un depósito en garantía.
Ahora, luego del fallo a favor de
los "me too", el
monto de la deuda impaga que deberá negociar la Argentina para salir del
"default técnico" es de unos US$ 8000 millones.
|
Recomendar
Imprimir
Nota:
Haga click sobre la noticia o novedad que desea ver