Por Carlos Burgueño -  El levantamiento del cepo y la unificación del sistema cambiario que se prepara para aplicarse en algún momento para después del 10 de diciembre (en lo posible antes de marzo de 2016), tendrá una limitación concreta: continuarán las restricciones para quienes no puedan justificar los ingresos en pesos para acceder a los dólares. También se aplicaría una restricción a la cantidad de dinero extranjero que podrían adquirir diariamente los particulares (no empresas o particulares). En ambos casos los demandantes de dólares tendrían controles específicos en los que deberían demostrar que los ingresos de los pesos para realizar la operación provienen de la actividad económica o comercial normal o de ahorros; y que pueden ser justificados en su origen. 

Lo que buscaría el próximo Gobierno de Mauricio Macri es que, cuando sea posible según un determinado precio del dólar (que al día de hoy según la visión de los economistas de Cambiemos que tendrán responsabilidades ejecutivas debería ubicarse en los 15 pesos); es evitar que con las reservas que mucho costarán reconstruir se financie una huida de divisas de dinero en negro o sin justificar. Según la opinión de Alfonso Prat Gay, Pedro Lacoste y el resto de los funcionarios que ocuparán el Ministerio de Hacienda y Finanzas, los datos de la economía real actual hablan de un promedio de entre un 30% y un 40% sin registrar. En ese porcentaje se encuentran no sólo los trabajadores en situación irregular, públicos que obviamente no forma parte de la demanda habitual de dólares, sino además sectores importantes de la economía privada que tradicionalmente no tuvieron restricciones ni mayores controles para acceder a las divisas. 

En los hechos la restricción implicaría volver al cepo primario, al de septiembre y octubre de 2010, antes incluso que se llamaran "cepo" a las restricciones para el acceso a la divisa, cuando desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se reglamentaron controles especiales a la compra de billetes en moneda extranjera por encima de los 250.000 dólares; y cuando, luego, en octubre de 2011, comenzaron el sistema de Consultas de Operaciones Cambiarias reglamentado por el organismo que maneja aún Ricardo Echegaray. La foto hasta ese momento, días antes de las elecciones de octubre de 2011, hablaba de una profundización en los controles y fiscalizaciones por parte de la AFIP, pero sin impedir que el público del sistema financiero pudiera comprar libremente divisas según su voluntad. La primera decisión, la de imponer un tope de 250.000 dólares al acceso diario a los dólares, implicaba en realidad una reducción de los límites que hasta ese momento se ubicaban en el millón diario. La restricción pasó casi inadvertida por el público, que continuó ahorrando y demandando divisas; en tiempos donde la tendencia decreciente de las reservas y la percepción de un primario retraso en el tipo de cambio comenzaban a ser visibles. La norma en realidad estaba vinculada, y así se la explicó, a la aplicación de normas para aumentar los controles contra el "lavado de dinero" y no generó ningún tipo de problemas en los mercados inmobiliario, automotriz, turístico o en el ahorro de divisas en el sistema financiero. Sí generó que comenzara a hablarse lentamente del "mercado negro" o "blue" de divisas; que comenzó a tomar lentamente vuelo a partir de la aparición de nuevos "clientes" expulsados del sistema legal por la aplicación de los nuevos controles.

En octubre de 2011 comenzó a aplicarse, a partir de la Comunicación 5239 del Banco Central, el régimen deConsultas de Operaciones Cambiarias, por el cual cada operación necesitaba una comunicación ante la AFIP con la cual el organismo otorgaba un permiso primario para cada compra de divisas. Si bien esta restricción generó protestas y advertencias sobre lo que podría venir después, no implicó efectos reales en los rubros demandantes de dólares, como tampoco en el ritmo de demanda de la divisa extranjera. Sí produjo que aumentara ya sustancialmente la demanda de dólares "blue" y que el paralelo empezara a despegarse del valor oficial en un porcentaje que de todas maneras no superaba el 10%. 

Es a este punto al que quiere llegar el Gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, no será con la regulación del BCRA de 2011, sino con otro mecanismo similar que no implique para el ahorrista la percepción de un sistema policial o controlante.