Por: Carlos Burgueño - No hubo reproches. Tampoco agradecimientos. Sólo frialdad. Y mucho tecnicismo. En parte sólo fue una audiencia más, que no hubiera merecido mayores repercusiones sobre el resultado final que tenga el "juicio del siglo", quién sabe cómo y cuándo este ocurra. Así, Thomas Griesa y el Gobierno de Cristina de Kirchner mantuvieron ayer su último encuentro en la interminable batalla contra los fondos buitre. Fue cuando el juez cerró el encuentro programado para atender los reclamos de una serie de acreedores que quieren sumarse al fallo a favor de los demandantes; y que tuvieron ayer los oídos siempre dispuestos del magistrado a escuchar reclamos contra el país. 

El pedido al juez venía de lado de una serie de bonistas que no ingresaron al canje de 2005 y 2010, y que se sumaron a una acción colectiva contra el país y cuyos pedidos habían ya sido limitados por la Cámara de Apelaciones de Nueva York en agosto pasado. Ayer Griesa escuchó nuevamente los reclamos de estos acreedores a favor de una "class action", y los autorizó a emitir nuevas pedidos de informes contra el país por los procesos de reestructuración de la deuda en default de 2005 y 2010 para saber si efectivamente fueron o no ignorados. Griesa les aseguró que hará un nuevo "balance de la situación", y que para poder precisar el alcance y el volumen de los bonos en default del grupo en cuestión, a fin de estimar el daño y evaluar el monto del resarcimiento más el pago de intereses de la deuda. Los bonistas quieren sumarse al resarcimiento previsto por el juez Griesa para los fondos buitre que ganaron con el fallo "pari passu"; pero en agosto la Corte de Apelaciones había considerado que el juez debía buscar nuevos argumentos a los presentados en su momento, ya que los datos aportados para sumarse al reclamo de los fondos buitre en el "juicio del siglo" eran limitados. 

Ayer, el abogado de estos nuevos reclamantes, Saul Roffe, aseguró que presentó ante Griesa nueva "evidencia concreta", que ahora el juez debe elaborar y luego analizar para definir si cuenta con argumentos para sumarlos o no a la demanda final. 

Griesa en ningún momento mencionó ayer la situación política argentina. Simplemente se limitó a recordarle al abogado que representa al país que el próximo 17 de diciembre esperará nuevamente a las partes en el juzgado; ahora sí, para resolver una cuestión de fondo: el destino judicial en su corte de la emisión de los Bonar 24 de abril de este año, que fue considerada ilegal por Griesa y que los fondos buitre quieren embargar. Será la primera audiencia dentro del Gobierno de Mauricio Macri y bajo la gestión de Alfonso Prat Gay como ministro de Hacienda y Finanzas, y con Luis Caputo como responsable directro del problema. Será otro capítulo diferente. Ayer, de alguna manera, terminó un ciclo. Griesa y los enviados argentinos por el Gobierno de Cristina de Kirchner ya no se volverán a encontrar más.