Los fondos ajenos al tratamiento legislativo son millonarios para una economía como la argentina. Equivalen, por caso, a lo que se necesita para financiar la construcción de 340 satélites similares al Arsat-1, quizás el hito tecnológico más mentado del kirchnerismo; reparar 336 veces el Palacio de Correos para convertirlo en el Centro Cultural Néstor Kirchner, o pagarle 17 veces a Repsol por la estatización del 51% de sus acciones en YPF.

Si se lo mide en términos de obra pública, por ejemplo, multiplica por 13 los fondos que recibió entre 2003 y 2013 la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), uno de los organismos más beneficiados en esos años.

Las cifras del gasto surgen de comparar los fondos previstos en la ley de Presupuesto de cada año (en 2011 el Congreso se reveló y no la aprobó) y los créditos vigentes al final de cada período, que se acercan con precisión al gasto total de cada año. "Es la famosa cuestión de los superpoderes, que le dio al Gobierno mucha libertad para manejar los recursos. En la lógica del kirchnerismo cierra perfecto. Este ardid le sirvió para disciplinar con el manejo de los fondos, por ejemplo, a las provincias -explicó el economista Camilo Tiscornia, socio de C&T Asesores Económicos-. Lo más triste es la debilidad institucional de la Argentina, porque nadie lo pudo impedir. Con esto se desvirtuó por completo la noción de presupuesto".

La ley de presupuesto de este año, por caso, explica que el jefe de Gabinete puede disponer de "ampliaciones en los créditos", es decir, del gasto, financiado con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de entes del sector público, donaciones y los remanentes de ejercicios anteriores que por ley tengan destino específico.

Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres & Asociados, sugirió otras comparaciones. Los fondos que el kirchnerismo usó de manera discrecional hubiesen alcanzado para solucionar el déficit habitacional del país, e incluso podría haber sobrado plata. "Por la subestimación de ingresos, el exceso de recaudación fue a una cuenta de ahorro. Y la capacidad para mover partidas permitía dirigir esos fondos a un ministerio, por ejemplo. Los DNU, además, permitieron en todos estos años ampliar el gasto".

El kirchnerismo convirtió en costumbre subestimar las variables más importantes de la economía en el envío de los proyectos de ley al Congreso. Así, pronosticaba que la inflación, la recaudación y el gasto serían menores a los que efectivamente iban a ocurrir, algo que le dejaba una enorme masa de fondos disponibles para usar de manera discrecional. Sólo en 2014, Cristina Kirchner dispuso de $ 305.178 millones por encima de lo previsto. Esa cifra supera en un 35% a los fondos originalmente aprobados por el Congreso.

Los beneficiados

Por su parte Walter Agosto, del Cippec, apuntó que "el 90% de las modificaciones se hacen a través de decretos de necesidad y urgencia [DNU] y sólo 10% mediante la Jefatura de Gabinete". Y agregó: "Los mayores recursos se utilizan por fuera del Presupuesto, en el marco de superpoderes presupuestarios y decretos presidenciales".

Junto con la ampliación del gasto, el jefe de Gabinete tuvo la posibilidad de reasignar partidas. La suma de ambas facultades arroja datos interesantes si se miran los últimos 10 años. La partida más beneficiada fue Obligaciones a cargo del Tesoro, con un exceso respecto de lo presupuestado en 10 años de $ 198.956 millones; en segundo lugar, el Ministerio de Planificación sumó $ 177.610 millones. Esa cartera fue la gran catalizadora de los subsidios a la energía, y mostró un uso voraz de sus recursos para pagar, entre otras cosas, las importaciones de gas y combustibles líquidos. Por su parte, el Ministerio de Trabajo, de donde salen los fondos para pagar una parte suculenta de las remuneraciones a empleados públicos y jubilaciones, sumó $ 173.222 millones y quedó en el tercer puesto en la lista de las áreas más favorecidas.

En la vereda de los menos favorecidos con los incrementos presupuestarios estuvieron las carteras de Defensa, de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería y Pesca, que recibieron entre 1000 y 3000 millones de pesos adicionales en la última década.