Por SOFÍA BUSTAMANTE - Una de las tantas deudas que herada el gobierno de Mauricio Macri es la del giro de utilidades y dividendos de las empresas. La aplicación del cepo cambiario inmediatamente después de que el kirchnerismo ganó las elecciones de 2011 –en noviembre de ese año– muestra un nítido antes y un después: mientras que el promedio en el período 2008-2011 era de u$s 3700 millones, el de 2012-2015 (sin contar el último trimestre) es de u$s 770 millones.

Según el último informe de M&S Consultores, que toma datos del Banco Central (BCRA), la remisión de 2008 fue de u$s 3505 millones, la de 2009 de u$s 3043 millones, la de 2010 de u$s 4144 millones y la de 2011 de u$s 4407 millones; en tanto, la de 2012 apenas alcanzó los u$s 225 millones, la de 2013 sumó u$s 1363 millones, la de 2014 fue de u$s 1316 millones y la de este año, sin contar el último trimestre, es de u$s 181 millones. Es que en los primeros tres meses de 2015 se enviaron al exterior u$s 51 millones, en el segundo trimestre u$s 55 millones y en el último que contabiliza el BCRA, u$s 75 millones.

En lo que respecta al resto de la demanda de divisas en el año, se contabilizan u$s 16.646 millones, cuando del lado de la oferta el monto es de u$s 20.528 millones. Esto deja un saldo negativo, provisorio, de u$s 3882 millones.

En el mercado se estima que el stock de dividendos sin girar al exterior que acumularon las empresas en los últimos años podría ascender a los u$s 13.000 millones. De todas formas, algunos economistas aseguraron que es un dato muy difícil de calcular. "Este número surge de los u$s 3000 millones por año que no se habilitaron desde el 2012 hasta la fecha. De hecho debe ser menor, ya que muchas de esas utilidades se transfirieron por contado con liqui o se invirtieron en inmuebles", señaló Federico Muñoz, de Muñoz & Asociados.

Por su parte, Ramiro Castiñeira, de Econométrica, subrayó que frente al cepo, "las empresas fueron invirtiendo en terreno e inmbuebles o cualquier activo en que pudieran resguardarse de la inflación", por lo que indicó que "no se puede hablar de un número".

Para Eric Ritondale, de Enconviews, el saldo "es menor a los u$s 13.000 millones, pero no mucho más bajo". Así, queda abierta la posibilidad de que el nuevo gobierno ofrezca una solución, siempre tomando solo los pagos atrasados, "la demanda reprimida, "que podría ser un bono o un cronograma de pagos". Al mismo tiempo, no se descarta que algunas empresas opten por el litigio. En la misma línea, Ritondale agregó: "Tampoco está en claro que sea una deuda del Central, es discutible que lo sea".

No obstante, Muñoz recordó que lo difícil de entregar un bono es que el año que viene va a haber que emitir demasiada deuda, para el déficit fiscal unos u$s 30.000 millones; para pagarle a los holdouts, un piso de u$s 10.000 millones; además de otros u$s 20.000 millones por los atrasado de importación. "Hay que ver que el mercado está dispuesto a digerir toda esto", expresó. Por eso es que una opción podría ser entregar un bono pero restringir su venta, por lo menos en los primeros 6 y 12 meses.

Castiñeira opinó que el desafío del gobierno es incentivar a las empresas para que no tengan interés en girar divisas, sino todo lo contrario, que quieran reinvertirlas en el mercado local.