Preocupado por el monumental crecimiento de la planta pública en la era kirchnerista, el Gobierno anunció ayer que iniciará una "evaluación y revisión" de la incorporación de empleados del Estado llevada a cabo en los últimos tres años y advirtió que aquellos que hayan ingresado de manera "ilegítima" o "no estén trabajando" serán cesanteados "automáticamente". En lenguaje corriente, la intención es echar a todos lo ñoquis que la gestión de Cristina Kirchner le dejó como regalo al macrismo.

El encargado de hacer el anuncio fue el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Según explicó en una conferencia de prensa, se trata de 24 mil contratos y concursos, que serán renovados por tres meses como máximo "para ser analizados y ver la viabilidad de los mismos". En caso de encontrar que no cumplen alguna función, se los "cesará automáticamente".

En tanto, los contratos de los años anteriores "se renovarán por un año, pero también se va a llevar la evaluación que corresponda". Ambas tareas se llevarán a cabo a partir de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial.

El ministro indicó que "de los 64 mil contratos que tiene el Estado, se incorporaron alrededor de 24 mil, con un crecimiento de más del 50 por ciento respecto de los últimos años" por lo que se propone "focalizar, mirar, cada una de las áreas, para que evalúen la situación de esos contratos".

En cuanto a la revisión de los concursos, explicó que "en los últimos años se han liberado vacantes, por alrededor de 17 mil casos, de los cuales 11 mil están en vías de ser concursados y se encuentran en los distintos ministerios en proceso de concurso". "De esos, alrededor de 2.500 han pasado a planta y lo que también estamos buscando y vamos a analizar que los procesos que han llevado a concretar estos concursos sean legítimos, estén bien desarrollados y se correspondan con cargos que efectivamente tienen una función dentro del Estado", apuntó Ibarra

El funcionario prometió ser "absolutamente profesional en esta evaluación" y aseguró que "es el propio empleado el que nos pide que se revisen estas situaciones" y aclaró que no se trata de una persecución hacia el kirchnerismo: "Acá la ideología no cuenta. Queremos ver que la gente trabaje. Queremos construir una administración ordenada y que este tipo de situaciones no forme parte de ella. El objetivo central es jerarquizar el servicio público", insistió, a la vez que señaló que la intención del Gobierno es "concursar la mayor parte posible de los cargos en la administración para dar transparencia".

Ibarra hizo estas declaraciones en el marco del desarrollo del ‘Plan de Modernización’ que tiene como objetivo "la construcción de un Estado fuerte, un Estado solidario y un Estado ágil al servicio de todos los ciudadanos"."Vamos a incorporar mucha capacitación, vamos a incorporar tecnología, y por supuesto, esto tiene que ser acompañado con el desarrollo de la carrera del servicio público, de la carrera del empleado para que de esta forma el crecimiento tenga que ver con la capacitación y con el mérito".

La intención de Ibarra es replicar la experiencia realizada en el gobierno de la Ciudad, donde administró los recursos humanos y hubo un incremento de 3% en la cantidad de personal durante los últimos ocho años, alcanzando 128.000 puestos. Pero allí se hizo una reubicación de empleados administrativos hacia salud, educación y seguridad.