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Por Florencia
Donovan - El humor de los empresarios de la construcción está a mitad de camino
entre la imagen positiva que les da el gobierno de Mauricio Macri y las deudas
en los pagos de obras ya realizadas que la administración actual heredó del
kirchnerismo. El sector privado estima que hay impagos unos $ 45.000 millones.
Sin embargo, como gesto de buena voluntad, no esbozaron ese número en la
reunión que mantuvieron ayer con los funcionarios encargados de manejar la obra
pública. Les pidieron, apenas, que mantuvieran en pie las iniciativas en marcha
con un flujo de fondos adecuado. Para ello necesitan nada menos que $ 15.000
millones mensuales.
Ayer al mediodía se
reunieron en la Secretaría de Obras Públicas el anfitrión, Daniel Chaín; su par
de Vivienda, Domingo Amaya, y representantes de la Cámara Argentina de la
Construcción liderados por su presidente, Juan Chediack. El ministro del
Interior, Rogelio Frigerio, iba a ser de la partida, pero desistió por la
mañana, posiblemente por la convocatoria de Macri a un almuerzo con el gabinete
económico.
"Fue una
reunión muy buena. Nos contaron cuál va a ser la metodología de trabajo, en la
que se va a priorizar el plan general por encima de una obra en particular",
explicó Chediack.
Funcionarios y
empresarios se regalaron ante todo gestos de buena voluntad, pero en ese
intercambio se volcaron algunas definiciones con respecto al futuro del sector.
Chaín aseguró que el macrismo no le apuntará todos los cañones a obras
específicas, quizás como manera de diferenciarse de sus antecesores, sino a
planes. Puso dos ejemplos: la inundación de Concordia dejó bajo el agua
viviendas sociales que habían sido inauguradas hace poco, cuando en realidad
debería haberse puesto en marcha antes un plan de obras hídricas. También
lamentó las veces que el tendido de cloacas en una determinada ciudad obliga a
romper pavimentos flamantes, algo que según los jefes del sector ocurre con
frecuencia.
Chediack pidió que
el Gobierno mantenga el flujo de fondos que necesitan los constructores para no
abandonar las obras. Según los números que se comentaron en la mesa, es una
cifra que oscila entre $ 12.000 y $ 17.000 millones mensuales y serviría para
mantener en marcha la construcción de viviendas, rutas, caminos, puentes y
gasoductos.
A los empresarios
les preocupa que ayer se retomó el trabajo en aproximadamente el 80% de las
obras que quedaron detenidas en la última etapa del kirchnerismo y necesitan
fondos para continuar. Los funcionarios escucharon.
"Hay temas
estructurales y otros de emergencia. Los empresarios temen que se corte el
flujo de la obra. La idea es no cortarlo, pero se va a revisar que los planes
de obra tengan racionalidad. Por supuesto también se avanzará en obras nuevas,
como el Plan Belgrano. El Gobierno los va a atender, pero se les prestará más
atención a las cuestiones relacionadas con la emergencia, como las obras para
inundaciones", explicaron fuentes cercanas a Chaín.
Para resolver la
deuda, los funcionarios pidieron más tiempo. Al igual que en otras áreas de la
administración pública, sostuvieron que están revisando lo que se hizo en el
último tiempo. El Gobierno estudia alternativas para saldar las deudas con los
constructores. Una de ellas consiste en pagarles con un bono a seis meses, con
una tasa de interés muy baja. Los empresarios aceptarían esa propuesta.
Pese a las demoras,
dejaron en claro cuáles serían algunas obras prioritarias. Con respecto al
tendido de rutas, mencionaron la conversión en autopistas de las rutas nacionales
3, 5, 7 y 8. Hoy a las 15, por el mismo tema, los empresarios se reunirán con
el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que tiene en su órbita la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
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