Por SEBASTIÁN IÑURRIETA - A meses de asumir, con una clase política aún desprestigiada post-colapso institucional de 2001, Néstor Kirchner firmó el decreto 1172, de Acceso a la Información Pública. Más allá de obligar al Estado a responder consultas de la ciudadanía , entre otras cosas, el texto obligaba a la publicación gratuita por la web del Boletín Oficial y a los funcionarios a completar un registro de sus audiencias públicas. Una agenda online (http://audiencias.jgm.gob.ar/) que a partir de 2006 comenzó a tener menos incorporaciones. Por ejemplo, en su último año, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner apenas anotó 8 reuniones. 
En la era Cambiemos el sistema ya está listo para funcionar aunque de Mauricio Macri para abajo, ningún funcionario dejó constancia de reunión alguna. Pero está la promesa oficial de solucionarlo: con el envío a mediados de año al Congreso de un proyecto de "Ley de Lobby", o de Gestión de Intereses, en la que se pondrá a trabajar el Secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional, Adrián Pérez. Según adelantaron en su oficina, ese texto (que iluminaría una actividad no regulada en el país, a diferencia de los Estados Unidos o el más cercano Chile), está en carpeta para después de la presentación de la esperada reforma política, para implementar la boleta única electrónica, y del acceso a la información pública en forma de ley. Ambas normas, el ex lilito quiere tenerlas pulidas en marzo para remitirlas al Parlamento. 
Ahora bien: ¿Qué es el lobby? Eso lo determinará la letra chica de la ley. La normativa chilena, por ejemplo, diferencia "gestores de intereses particulares", sujetos con intereses para influir en una decisión oficial (modificar un proyecto, forzar una política pública); de "lobbistas", ídem anterior pero que reciben una remuneración a cambio. En la Rosada piensan en reunirlos en un registro para identificarlos, más allá de que cada ministro tenga que publicar su respectiva audiencia. 
Macri ayer, en una conferencia de prensa sin preguntas, presentó en la Casa Rosada un plan de modernización para la administración pública, con el que se comprometió a trabajar para que la Argentina sea en cuatro años "uno de los diez países con mayor transparencia y acceso de la ciudadanía a la información". Junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anticipó un decreto sobre "Gobierno Abierto" (con la difusión de los sueldos de los funcionarios) y la innovación pública; y el desarrollo de "Ciudades Inteligentes". Evitó adelantar, en cambio, el ambicioso paquete que prepara Pérez. 
"Una de las propuestas que llevamos, además de los 12 puntos de la Agenda de la Transparencia, fue la Ley de Lobby", relató Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, sobre la reciente reunión que tuvieron con Peña junto a otras ONGs de acceso a la información pública como Cippec. Varios de esos ítems, como el Gobierno Abierto o la Reforma Electoral, ya fueron apropiados por la Casa Rosada. Por ahora, sólo son promesas.