Por Rafael Mathus Ruiz - NUEVA YORK.- El juez Thomas Griesa convocó a una audiencia para el próximo martes con el objetivo de discutir el fin de las medidas cautelares, o injunctions, que llevaron a la Argentina al "default técnico" y forzaron las negociaciones con los acreedores que obtuvieron sentencias favorables en Estados Unidos.

En una orden firmada ayer, Griesa respondió a un pedido del abogado de la Argentina, Michael Paskin, quien presentó una moción para efectivizar su orden "indicativa" de la semana anterior, que define una hoja de ruta para levantar las cautelares.

En línea con una orden de la justicia de EE.UU., Paskin solicitó también a Griesa una audiencia para que todos los acreedores del país afectados por la decisión del juez puedan ser escuchados. Esa audiencia será el próximo martes, a las 13.30.

Tras esa cita, se espera que el juez firme una nueva orden judicial que efectivice la orden "indicativa" presentada hace una semana. El juez sentenciará así el fin de las medidas cautelares que le impiden a la Argentina realizar pagos a los bonistas de los canjes de 2005 y 2010 a menos que liquide las sentencias que losholdouts consiguieron en su juzgado.

Pero, aun cuando el juez firme la orden, las medidas cautelares sobrevivirán por un tiempo. Griesa fijó dos condiciones para la extinción de las cautelares: que la Argentina derogue la ley cerrojo y la ley de pago soberano, y que pague todos los acuerdos alcanzados con los bonistas hasta el 29 de este mes.

Para que ambas condiciones, que fueron propuestas por la Argentina, se cumplan, el Gobierno debe emitir deuda y recaudar fondos para pagar los acuerdos cerrados con los holdouts, y el Congreso debe sesionar y derogar las dos leyes. De hecho, la orden de Griesa le brindará al Gobierno una herramienta para convencer a los legisladores, pues si se negaran a derogar esas normas, el país no podrá salir del "default técnico". La orden de Griesa también abrió una división entre los acreedores del país.

Los demandantes que ya sellaron un acuerdo con el Gobierno la respaldan, a sabiendas de que necesitan que Griesa la efectivice para poder cobrar su sentencias. Los bonistas que aún negocian se oponen y advierten que la fecha límite del 29 de febrero establecida en la orden funciona, en las palabras de uno de los abogados de NML, Matthew McGill, como un "ultimátum judicial": una vez que las cautelares dejen de existir, todos los acreedores que aún no hayan cobrado perderán poder de negociación.

Aún falta terminar de cerrar muchos acuerdos. El Gobierno todavía negocia con los demandantes más duros, los fondos buitre NML, de Elliot Management, y Aurelius Capital. Además, hay fondos dentro del grupo de acreedores me too y bonistas individuales que aún no tuvieron siquiera la oportunidad de negociar con el equipo económico.

"No he cantado victoria todavía. Somos muy cautelosos con lo que hacemos, estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, pero somos conscientes de que es difícil de equilibrar", dijo ayer el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, en un foro financiero en Shanghai.

Si Griesa efectiviza la orden "indicativa" y la Argentina no terminó aún de pulir el acuerdo con NML y Aurelius Capital, ambos fondos apelarán la decisión ante la Corte de Apelaciones, y la implementación de la orden quedará congelada a través de un stay.

Si el acuerdo está terminado, ni NML ni Aurelius Capital tendrán motivos para apelar. Por el contrario, pasarán a formar parte del grupo de acreedores que está a favor de la orden. Otros fondos o bonistas que no hayan acordado, sin embargo, también podrían apelar la medida.

Entre los grupos que ya expresaron su apoyo al fin de las cautelares aparecen también los bonistas europeos del grupo Euro Bondholders, que poseen bonos reestructurados y no cobraron desde mediados de 2014, cuando la Argentina fue declarada en "default técnico."